Ormuz como peaje: EE. UU. y Trump se topan con la nueva ley del mar

La geopolítica ha cambiado de escenario y de reglas, y quien lo ha puesto en negro sobre blanco no es un think tank ni una cumbre: es el parlamento iraní y sus portavoces. Ebrahim Azizi, jefe del Comité de Seguridad Nacional, lanzó en X un mensaje directo: el estrecho de Ormuz se reabrirá, pero no para quien no cumpla las nuevas leyes de Irán. No es retórica vacía: según medios estatales, el Comité aprobó un plan para cobrar peaje a los buques que transiten por el corredor.

Que un paso marítimo por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas mundial se convierta en objeto de regulación y peaje no es una anécdota, es un nuevo condicionante para el mercado energético y para la diplomacia. La BBC registra que Irán ya cobra actualmente a ciertos buques alrededor de 2 millones de dólares por cruzar la vía; ahora esa práctica pierde su carácter episódico y se institucionaliza como política aprobada por un órgano clave del Estado.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump afirmó que la campaña militar de EE. UU. en Irán concluirá "en dos o tres semanas" y aseguró que su administración ha "neutralizado" el programa nuclear iraní. Al mismo tiempo, Trump expresó su frustración con los aliados de la OTAN, calificando a la alianza como un "tigre de papel" y dejando abierta la posibilidad de que Estados Unidos la abandone ante lo que considera una falta de apoyo para reabrir el estrecho.

En el terreno de la diplomacia, Teherán niega que esté negociando con Washington. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, declaró a Al Jazeera que no hay confianza en Estados Unidos y que, aunque ha habido intercambio de mensajes, "no hay negociaciones". Ese dato pone en perspectiva las señales trumpistas sobre un final inminente del conflicto: las partes ofrecen diagnósticos distintos sobre la misma realidad.

La realidad práctica es esta: desde finales de febrero, y a raíz de los ataques israelíes y estadounidenses, Irán mantiene de facto bloqueado Ormuz, una situación que ya empujó al alza los precios mundiales de la energía por las restricciones en un corredor estratégico. Hace ya tiempo que en los hechos se está decidiendo quién regula el tránsito marítimo en la región; ahora, con una norma aprobada y un plan de cobro explícito, esa decisión se formaliza.

Las declaraciones, las medidas y las negaciones convergen en una conclusión ineludible: la capacidad de Teherán para condicionar el paso por Ormuz ha pasado de ser una palanca temporal a un instrumento político-económico con legalidad respaldada por organismos estatales. Y en el otro extremo, la Casa Blanca proclama un cierre cercano de la campaña militar y pone en cuestión alianzas tradicionales. Son dos visiones que colisionan y que obligan a replantear las hipótesis sobre seguridad, comercio y diplomacia en el Golfo Pérsico.

Que la política se haga con anuncios y decretos no borra ni las consecuencias económicas ni la necesidad de claridad: la comunidad internacional, los navieros y los consumidores de energía vana a verse afectados por decisiones que ya no son meras declaraciones, sino políticas gubernamentales adoptadas y publicadas. Quien crea que los atajos retóricos sustituirán a la gestión responsable del paso por Ormuz descuida que, a partir de ahora, habrá factura y requisito legal para pasar.