No hay relato sin verdad: la Transición, el orden público y la memoria incómoda

El 23 de noviembre de 1975, a las 14.15, una losa de granito de 1.500 kilos selló la fosa que enterró a Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Ese gesto materializó el fin formal de una etapa, pero no marcó el comienzo limpio de otra. Lo que empezó entonces no tenía un trazado inocente ni una dirección garantizada; era, en palabras de los protagonistas, un proceso lleno de dudas, maniobras y presencia continuada del aparato del régimen.

Carlos Arias Navarro siguió al frente del Gobierno en los primeros compases de la Monarquía. Muchos ministros que tomaron posesión en diciembre de 1975 arrastraban un largo currículum al servicio del franquismo. Rodolfo Martín Villa, figura destacada de aquel tránsito, dejó escrito y confesado que la izquierda enarboló la bandera de la democracia y que ellos se limitaron a “traerla”. Es un reclamo de autoría que la historiografía contemporánea no sustenta sin matices: los documentos y las investigaciones muestran que la transición fue también fruto de empujes de abajo, de presiones sociales y de arreglos interesados arriba.

El 18 de noviembre de 1976, 435 de 531 procuradores de las Cortes votaron a favor de la Ley para la Reforma Política. Esa cifra monumental no cayó del cielo: para lograrla hubo promesas, prebendas y oferta de cargos. Suárez, según el testimonio recogido por historiadores, advirtió sobre los riesgos de un rechazo y sobre la posibilidad de una alternativa más rupturista. Martín Villa, en conversación con Charles Powell, habló sin ambages: “salvo acostarnos con ellos, hicimos de todo”. Ese cinismo táctico pertenece al expediente factual; negarlo sería preferir el mito a los archivos.

Y sin embargo, la otra mitad de la historia —la de la protesta— no encaja con los relatos triunfalistas. Las cifras oficiales del Ministerio de la Gobernación cuentan un primer trimestre de 1976 con 17.455 huelgas, 1.627 manifestaciones y 283 encierros. Hubo más de mil presos políticos, actividad intensa de la Brigada de Investigación Político-Social, casi cinco mil procesos abiertos por el Tribunal de Orden Público y una censura que se aplicó con suspensiones, incautaciones y expedientes. José María de Areilza habló de “olas de una galerna” para describir la avalancha de movilizaciones que sacudió España. La calle, en efecto, era un escenario confluyente y conflictivo: Manuel Fraga proclamó “La calle es mía”, mientras la policía respondía con cargas y detenciones.

No se trata de repartir carnés de demócrata, sino de mirar los hechos. Las élites que procedían del franquismo no pueden erigirse en autoras únicas de la transición cuando los documentos demuestran que hubo compras de adhesiones, tensiones internas y, sobre todo, una presión ciudadana que empujó el cambio. Tampoco es admisible silenciar la sombra de la represión: los datos sobre presos, causas del TOP y censura están en los papeles y en las cifras oficiales.

La seguridad pública durante ese periodo fue tanto instrumento de control como escenario de crisis. No puede olvidarse que, en ausencia de derechos plenos de expresión, reunión y asociación, la protesta masiva se desarrolló muchas veces al margen de la legalidad vigente —no por voluntad de ilegalidad, sino por la inexistencia de garantías básicas. Ese contexto condiciona cualquier lectura sobre orden público y seguridad: quien quiera discutir legitimidad y violencia debe partir de esta realidad contrastada.

Hoy, frente a relatos complacientes o de autobombo, la obligación cívica es la honestidad documental. Reconocer que la Transición fue una mezcla de maniobra institucional, acuerdos pragmáticos y presión social no es deslegitimarla; es fortalecer la democracia. Negar los hechos —las fechas, las cifras, las decisiones— equivale a construir un oasis de leyenda donde prospera la amnesia y se distorsiona la responsabilidad pública. La memoria exige rigor: no más relatos cómodos que borren la complejidad y la verdad que aún nos interpela.