No hay cambio: España niega tajantemente la versión de la Casa Blanca

Ha sido un capítulo más en la escalada de equívocos entre Madrid y Washington. Ayer, desde la tribuna de la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que "España había acordado cooperar con el ejército estadounidense". Unas palabras que cayeron como un dardo en plena tormenta diplomática, apenas un día después de que el presidente Donald Trump planteara la posibilidad de imponer un embargo comercial a España por la denegación del uso de las bases de Rota y Morón en operaciones contra Irán.

La reacción española no se hizo esperar: "No es cierto. Desmentimos tajantemente. La postura de España no ha cambiado", respondió La Moncloa, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, repitió con voz firme el mismo rechazo. "Lo desmiento tajantemente", dijo Albares en una entrevista, subrayando que "la posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio no ha cambiado ni una coma".

No es un matiz: es una reclamación de soberanía. El ministro, visiblemente molesto, dejó claro que, aunque quien habló desde la Casa Blanca pueda tener información y autoridad, él es el responsable de la política exterior española. "El convenio bilateral que rige el uso de las bases es muy claro", remarcó, recordando que son instalaciones en territorio español y de soberanía española.

La portavoz estadounidense vinculó además la expectativa del presidente Trump de que los aliados europeos cooperen "en esta misión" y señaló que el ejército estadounidense se estaría coordinando con sus homólogos en España. Pero la versión oficial española no concede ese paso: no hay registro de un cambio de posición y el Ejecutivo niega que se haya producido un acuerdo de cooperación de la naturaleza que Leavitt describió.

Quedan, sobre la mesa, dos hechos nítidos: existió una manifestación pública desde la Casa Blanca que apuntó a un acuerdo con España, y hubo desde Madrid un desmentido rotundo que invoca la claridad del marco jurídico bilateral y la primacía de la soberanía nacional. En tiempos en que las palabras oficiales pueden convertirse en decisiones de Estado, la prudencia exige que se aclare con transparencia qué hay detrás de los anuncios y que la interlocución entre aliados no quede a merced de declaraciones contradictorias.