Neutralidad que no convence: cuando el derecho internacional se proclama pero no se apunta con el dedo

José Manuel Albares elevó ayer una llamada que, en apariencia, suena a imperativo de Estado: solidaridad con Irak, cese de la violencia, desescalada inmediata y respeto al derecho internacional. Son palabras de diplomacia elemental, axiomas necesarios en cualquier tablero donde circula la pólvora.

Sin embargo, la noticia —y la reacción popular— no está en las frases de protocolo, sino en lo que dejaron sin decir. Las redes no perdonaron la omisión: muchos usuarios reprocharon al ministro que no señalara explícitamente a Estados Unidos, Israel o a la propia Unión Europea, actores que, según la conversación pública, están alimentando la escalada en Oriente Medio. Lo que para la cancillería es un llamamiento genérico a la contención, para la opinión se reveló como una neutralidad impostada.

Vivimos un escenario de máxima tensión: ataques cruzados, movimientos militares en el estrecho de Ormuz y una incertidumbre que se alimenta hora a hora. En ese clima, cada palabra oficial se pesa como si fuera munición. Las críticas —a veces afiladas, otras cargadas de indignación— han señalado que condenar la violencia sin asignar responsabilidades produce una sensación de ambigüedad que no ayuda a la desescalada.

El Gobierno, por su parte, sostiene a través de fuentes diplomáticas que la posición de España es coherente con el derecho internacional y que la prioridad es evitar una mayor desestabilización en la región. Es una afirmación válida, pero sometida a escrutinio: la viralización del mensaje demuestra que la forma y el tono de la comunicación pública en crisis importan tanto como el fondo.

La lección es clara y sencilla: en política exterior, el lenguaje no es neutro. Proclamar principios sin concretar responsabilidades ni orientar la acción colectiva equivale, en la práctica, a ocultar la voluntad real de quiénes deciden actuar y quiénes deben moderar sus impulsos. Si la UE, si los aliados, deben jugar un papel, la opinión exige transparencia y claridad para que el llamamiento al derecho internacional no se quede en buena intención sin efecto.

Si España quiere ser escuchada y respetada en los foros donde se decide el destino de la paz, necesita que sus mensajes no se confundan con eslóganes tibios. El derecho internacional debe respetarse, sí; pero exigirlo con voz clara y con nombre contribuye más a la desescalada que la ambigüedad diplomática. La ciudadanía lo ha dicho en las plazas digitales: en la confusión, la claridad es una forma de responsabilidad.