La violencia que exportan los carteles: metanfetamina, extorsión y un país que no puede mirar hacia otro lado

La fotografía retocada que llegó a la familia —“El compa les manda saludos”— fue la máscara con la que unos criminales intentaron prolongar un crimen. Dritan, 46 años, de origen kosovar, no reapareció: no hubo rescate salvador, hubo muerte. Los hechos, tal y como han relatado las fuerzas policiales, dibujan el retrato frío de una actividad que no es ya un susurro en los márgenes sino una presencia organizada en nuestro suelo.

Fue en verano de 2024 cuando el hombre acudió a la casa del jefe en la comarca del Maresme, el 31 de mayo, para tratar de explicar la pérdida de un envío de metanfetamina. Desde entonces dejó de saberse de él; la retórica del secuestro —una llamada pidiendo 240.000 euros, un primer pago de 27.000— escondía otra realidad: la Policía supo que estaba muerto y tuvo que proceder como si no lo supiera para atrapar a los responsables en la denominada Operación Balcanes.

No estamos ante un episodio aislado, sino ante la implantación de un método. Los investigadores describen una «sucursal» del cartel de Sinaloa asentada en Cataluña que trataba la metanfetamina impregnada en ropa y alfombras, con centro de operaciones en una vivienda de Sant Andreu de Llavaneres y reuniones en un restaurante próximo. Cuando Dritan quiso «salir de cuentas», fue golpeado y retenido entre el 31 de mayo y el 2 de junio; su cuerpo apareció el 5 de agosto en Botarell, envuelto en una sábana y con signos de estrangulamiento según la autopsia.

La investigación siguió pruebas materiales: la primera fotografía que envió desde la habitación permitió a los agentes localizar el lugar; rodapiés levantados por el GOIT descubrieron un enchufe que aparecía en la imagen. En el registro se hallaron objetos inquietantes —figuras religiosas, velas, restos de cuerda— y se descubrió un Volkswagen Golf usado para trasladar el cadáver. La red fue desmantelada: laboratorio desmantelado, gran inhibidor de frecuencias en el restaurante para impedir escuchas, y la detención de 14 personas, incluido el líder de la organización, un hombre de 51 años que se movía en silla de ruedas y ocultaba una pistola.

Estos hechos, narrados por la Policía y los Mossos, obligan a poner en perspectiva la seguridad: 2025 cerró, según el Ministerio del Interior, con 114 secuestros en España, un 9,6% más que el año anterior. Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña lideran las cifras. Son cifras que convergen con la presencia constatada de estructuras internacionales del crimen organizado —en este caso, un cártel mexicano con relevancia global— que experimentan fórmulas de logística y ocultación en territorio europeo.

No es un fenómeno etéreo ni remoto: hablamos de laboratorios, de rutas de transporte, de pagos, de violencia y de extorsión que golpean a familias. Hablamos de un mecanismo que mezcla narcotráfico y terror privado: la pérdida de un paquete de metanfetamina desemboca en una demanda de dinero y en un asesinato. Hablamos, también, de la capacidad de los cuerpos de seguridad para simular ignorancia y atrapar a quienes se aprovechan de la impunidad extranjera para atentar contra la vida y la paz ciudadana.

Si la política y la sociedad miran para otro lado, la sombra se enraíza. Los hechos de la Operación Balcanes exigen claridad de medios, coordinación y determinación: desarticular laboratorios, impedir el establecimiento de «sucursales» del crimen organizado, controlar inhibidores y rutas logísticas, proteger a las víctimas y evitar que la extorsión prospere. No son demandas heroicas; son requisitos básicos de un Estado que se respete.

La familia de la víctima recibió la noticia en un proceso doloroso, y la viuda llegó a agradecer personalmente el trabajo policial. Esa gratitud es también un recordatorio: detrás de las cifras y los procedimientos hay vidas que se rompen. El Estado tiene la obligación de recuperar su presencia efectiva en los lugares donde la violencia y el tráfico internacional pretenden instalarse como un modo de vida. No es una cuestión ideológica: es una exigencia de orden público, dignidad y seguridad para todos.