La verdad que desmorona la coartada: cuándo la evidencia aplasta la ley del cuento

La escena se nos revela con la nitidez brutal de una confesión en voz baja: «Los he matado»; «se me fue de las manos y les disparé». No son alegorías ni metáforas: son palabras que, según declaró este miércoles un guardia civil que estaba en prácticas la noche de los hechos, pronunció Manuel Alonso en el mismo lugar donde horas antes murieron dos hombres.

Si la defensa sostuvo una y otra vez la hipótesis de la legítima defensa, la prueba documental y pericial que ha desgranado el Servicio de Asuntos Internos (SAI) está trazando otra imagen, más contundente y menos amable para la narrativa del acusado. El agente 510 lo dejó sin adorno: los informes forenses, la inspección ocular y las declaraciones de testigos protegidos concluyen que la versión de Alonso «es absolutamente incompatible» con los datos científicos.

No se trata ya de intuiciones, sino de huellas. Las vainas halladas junto a los cadáveres, la localización de los charcos de sangre junto al banco de hormigón de la entrada, la corta distancia de disparo —posible en torno a dos metros— y los regueros paralelos de sangre que marcan la huida anatómica de hombres ya heridos, todo compone un escenario que distancia la realidad de la versión de quien asegura haber respondido a tiros ajenos.

El SAI añade otra pieza incómoda: la finca de Los Naranjos figura en investigaciones paralelas como una guardería de droga, vínculo que no aparece en el relato de legítima defensa y que remite a una trama mayor, embadurnada de corrupción. Varios guardias implicados, expulsados del cuerpo, llegaron a eludir el banquillo por prescripción en delitos de robo con violencia e inducción al asesinato, mientras permanecen investigados en otras causas. Diecisiete años de procesos, tres archivos sorteados, y una madeja criminal que se abre como prueba de que este asunto nunca fue sólo un enfrentamiento aislado.

Tampoco puede soslayarse la declaración del guardia en prácticas: pidió que le custodiasen, recordaba la angustia del acusado y, cuando este se serenó, escuchó de su boca la confesión de que «se le fue de las manos». Ese testimonio, aunque no conste en el atestado, ha vuelto a poner en primer plano la tensión entre lo dicho en el acto y lo consignado en los papeles oficiales.

Mañana declararán los peritos forenses y los expertos en criminalística. Después vendrá la declaración del propio Manuel Alonso, hombre que acude por su pie a las vistas y que ya fue condenado en 2023 en otra causa. Hasta ahora, la acumulación de informes tiende a dibujar una escena deliberada: alguien esperando el asalto, parapetado, armado con múltiples escopetas cargadas y dispuesto a disparar desde muy cerca.

En nombre de la seguridad pública y del derecho a la verdad, son esos datos —no la retórica— los que deben pesar en la balanza. La historia de este doble crimen no admite disfraces retóricos: la evidencia científica y los testimonios sostienen una lectura que pone en cuestión la versión de la legítima defensa y arrojan luz sobre la enmarañada conjunción de narcotráfico y prácticas corruptas que han contaminado la investigación desde el primer día.