La verdad al descubierto: 42 metros que no estaban en el informe

La investigación del accidente ferroviario en Adamuz ha dado un golpe de realidad que obliga a bajar la vista de la retórica institucional y mirar los hechos con limpieza quirúrgica. La jueza del Juzgado de Instancia de Montoro decidió ir al lugar del siniestro y allí comprobó algo elemental: había más vía retirada de la que Adif había comunicado al órgano judicial.

Adif informó al juzgado el 2 de marzo de su intención de cambiar 36 metros de carril en la noche del 3 al 4 de marzo. Ese correo, corto en plazo y más corto aún en alcance, fue ya objeto de reprimenda judicial por el escaso preaviso. Pero la inspección ocular del 17 de marzo descubrió que, además de esos 36 metros, se habían retirado otros 42 metros de vía "de los que no se informaba" en aquel correo. Adif explica que esos 42 metros fueron sustituidos en febrero en tareas de mantenimiento. Es la misma empresa la que, por iniciativa propia, extrajo muestras de carril y soldaduras la noche del 22 al 23 de enero, cuatro días después del siniestro, cuando los investigadores habían dado por cerrada la recolección de pruebas.

No son bagatelas procesales ni tecnicismos herméticos: hablamos de material que ahora está bajo custodia judicial y que la Policía Judicial ha precintado en la base de Hornachuelos. La unidad que instruye el caso ha ordenado la extensión de acta sobre los 36 metros y los 42 metros y ha dejado claro que todo ese acero queda depositado como material bajo custodia. Exactitud y transparencia, nada más y nada menos, son requisitos esenciales cuando la tragedia costó la vida a 46 personas en aquel siniestro.

La magistrada, con autoridad, dictó medidas de control: exigió a Adif preaviso de 15 días para cualquier mantenimiento en el tramo —salvo actuaciones urgentes por motivos de seguridad, que deben ser notificadas de inmediato— y condicionó la ejecución de trabajos a autorización previa. Posteriormente, por requerimiento de la propia Adif, ese mandato se circunscribió a un tramo concreto entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974. El tribunal también exigió aclaraciones sobre si los trabajos comunicados para la noche del 3 de marzo fueron ejecutados y, en su caso, en qué consistieron las labores y el destino del material retirado.

El relato de los hechos impone interrogantes legítimos: ¿por qué una actuación de mantenimiento que, según Adif, tuvo lugar en febrero no constaba en las comunicaciones judiciales y por qué se actuó fuera del calendario previsto para la investigación? No es una pregunta retórica: la respuesta está en los documentos, en las actas y en los precintos que la Policía Judicial ha practicado. No en la palabra única y tardía de quien gestiona la infraestructura.

En una investigación que persigue responsabilidades por una catástrofe humana, la predilección por la transparencia no es un capricho moral, es una exigencia procesal y cívica. Custodia, apertura del registro de actuaciones, entrega de cuentas y control judicial no son florilegios administrativos: son garantías para que la verdad, la que determina culpabilidades y previene nuevas tragedias, no quede sometida al tuteo discrecional de nadie.

La actuación de la jueza y la intervención de la Policía Judicial han colocado bajo resguardo el material controvertido y han reclamado a Adif las explicaciones que proceden. Eso es lo que toca: perseguir la trazabilidad de cada tornillo, de cada tramo de carril, de cada decisión técnica que precede a un siniestro. No hay atajos ni silencios aceptables cuando la vida de decenas de ciudadanos ha quedado en la balanza.