La UE entra en la investigación de Adamuz: la lupa comunitaria sobre 111 millones

La tragedia de Adamuz, que el 18 de enero costó la vida a 46 personas, ha activado no solo la investigación técnica sobre el descarrilamiento sino también el férreo mecanismo de control del dinero comunitario. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para verificar si, en las obras del tramo Madrid‑Sevilla donde ocurrió el siniestro, llegaron a emplearse fondos de la Unión Europea de forma irregular.

Bruselas concedió en junio de 2024 una subvención de 111.646.340 euros para la renovación de esa línea, anunciando la sustitución de raíles y traviesas con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder). Ese dato es ahora el eje que ha llevado a los fiscales europeos a solicitar documentación: el 30 de enero pidieron a Adif todos los contratos y números de expediente relativos al tramo siniestrado. Esos oficios, firmados por los fiscales delegados Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas Blánquez, constan como pieza inicial del proceso de verificación.

La Audiencia Nacional ha recepcionado la apertura de la causa y ha designado al juez José Luis Calama como magistrado de garantías. La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo y centrada en la corrupción relacionada con fondos comunitarios, dirige la instrucción en su fase probatoria; el juez Calama supervisará que las diligencias se desarrollen con las garantías procesales exigibles, por ejemplo en medidas como entradas y registros o interceptaciones.

Paralelamente, el juzgado de Montoro (Córdoba) mantiene la investigación sobre las causas técnicas del siniestro. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha avanzado hipótesis técnicas, entre ellas la rotura de una soldadura entre raíles de distinta procedencia y años de fabricación, y se han detectado señales de caída de tensión en el circuito de vía horas antes del accidente. La jueza de Montoro espera los datos de las cajas negras y el informe pericial del carril; por ahora no ha consignado sospecha de corrupción en sus resoluciones.

El Gobierno, por medio del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado que la Fiscalía Europea investiga «desde nada más producirse» todo caso en el que intervienen fondos de la UE y ha reivindicado que la actuación no es novedad. Transportes ha señalado asimismo la «máxima colaboración» de Adif y ha defendido que la justificación de los fondos se hizo «con absoluta normalidad a medida que se ejecutaba», según fuentes citadas.

La indagación europea abre un escenario distinto del puramente técnico: donde hay dinero de la Unión Europea, la fiscalía comunitaria actúa para verificar trazabilidad y legalidad. Hitachi figura como responsable del mantenimiento del sistema de señalización para Adif y sus tareas aparecen en los peritajes que registraron una caída de tensión en la vía 22 horas antes del descarrilamiento. El siniestro, que afectó a un tren Iryo que colisionó con un Alvia en sentido contrario, mantiene abiertas preguntas sobre responsabilidad técnica y, ahora, sobre la correcta utilización de recursos europeos.

Es un deber ciudadano vigilar que la reconstrucción y la investigación vayan hasta el fondo de la verdad: esclarecer causas técnicas y, simultáneamente, comprobar la trazabilidad de los fondos es la condición mínima para honrar a las víctimas y para garantizar que los recursos europeos cumplen su propósito. La pesquisa de la Fiscalía Europea no sustituye a las averiguaciones penales locales; las complementa. Y en la transparencia y la justicia está la única respuesta digna ante una catástrofe que exige explicaciones claras y responsabilidades con nombre y apellido si así lo dictan los hechos.