La tecnología no es neutra: la IA exige soberanía social y económica

Hay momentos en que la evidencia se presenta con voz unánime. La publicación de Magnifica Humanitas, con motivo del 135º aniversario de la Rerum novarum, y la lectura atenta del movimiento sindical convergen en una conclusión elemental y urgente: la Inteligencia Artificial altera la organización del trabajo, la distribución de la riqueza y las condiciones de vida de millones de personas, y por ello exige una respuesta colectiva, decidida y justa.

No estamos ante una discusión semántica: el Papa León XIV afirma que los datos, las plataformas y los sistemas de IA son bienes destinados universalmente y que su concentración en pocas manos contraviene ese destino universal. Esa misma preocupación lleva semanas defendiendo el sindicalismo en las mesas de negociación colectiva y ante los legisladores. Diferencia de vocabulario, no de fondo.

La lección es clara para quienes creen que la tecnología es neutral: la automatización es una decisión empresarial con efectos sociales, no una fuerza impersonal que justifique la destrucción de empleo. Los tribunales chinos, en sentencias recientes, han declarado ilegal el despido por funciones asumidas por la IA, subrayando que automatizar para reducir costes es una decisión voluntaria y no causa suficiente para extinguir contratos. Ese precedente obliga a repensar cómo se reparte la productividad que genera la tecnología.

Si la IA libera tiempo y aumenta productividad, ese tiempo y esa riqueza deben repartirse entre quienes trabajan, no acumularse como beneficio exclusivo del capital. Adaptar la jornada laboral o garantizar recualificación no es concesión ideológica: es la consecuencia lógica de un salto productivo sin precedentes.

La gobernanza de la IA exige la presencia sindical en todas las fases: en el diseño para incorporar criterios sociales desde el origen; en la implantación para informar y consultar a la plantilla antes de introducir algoritmos; y en el control para que decisiones sobre empleo, salario o carrera profesional no se adopten de forma automática sin supervisión humana ni derecho de apelación. La negociación colectiva se erige así como el instrumento central de esa gobernanza democrática.

El Estado, por su parte, tiene obligaciones ineludibles. La IA consume recursos comunes —energía, agua, infraestructuras y conocimiento— y el uso de esos bienes debe traducirse en retorno social. Marco regulatorio, transparencia, y una fiscalidad capaz de distribuir justamente los beneficios de la automatización son responsabilidades públicas. Una tributación que no grave proporcionalmente esas ganancias no solo resulta ineficiente: carece de legitimidad social.

Finalmente, no podemos olvidar la dimensión de justicia que supone la brecha digital. La recualificación profesional y el acceso equitativo a la formación no son meras opciones individuales: son deberes compartidos de empresas, administraciones y sindicatos. Las desigualdades por edad, género o territorio no son fatalidades, sino producto de decisiones políticas que pueden y deben corregirse.

La convergencia entre el mensaje del Vaticano y la práctica sindical no es anecdótica: es una llamada de alarma y una hoja de ruta. Si no tomamos decisiones valientes, la revolución digital amplificará pobreza y desigualdad. Esa es la tarea que tenemos por delante: gobernar la IA para que sirva a las personas y a la nación, no a la concentración de poder económico.