La sombra de Washington sobre las riquezas de Venezuela

La política no se hace en abstracto; se construye con hechos que hablan por sí mismos. El 3 de enero, una operación militar ordenada por Donald Trump culminó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Desde entonces, la BBC documenta un escenario en el que Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre Miraflores, según el propio relato de los sucesos publicados por la cadena.

No es menor que, en ese contexto, el presidente estadounidense expresara con nitidez qué espera de Venezuela: "Lo que necesitamos (de las autoridades interinas venezolanas) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo Trump. Esas palabras, pronunciadas tras la inédita operación, no pueden leerse como meras florituras diplomáticas. En ellas hay un interés explícito por recursos que, como recuerda la crónica, no se reducen al crudo.

Venezuela, inscrita en el imaginario global por sus gigantescas reservas petroleras, aloja también un abanico de minerales de alto valor estratégico: hierro, bauxita, oro, diamantes, coltán, níquel, cobre y carbón, entre otros. Los datos oficiales citados por la nota señalan estimaciones ambiciosas —entre 2.200 y 8.000 toneladas de oro según el Centro Internacional de Inversión Productiva— y elevan al país a posiciones de relevancia mundial en reservas de hierro y bauxita. Pero la propia cobertura alerta de la falta de verificación independiente de muchas de esas cifras.

De ahí que la reciente aprobación de la nueva Ley de Minas por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista adquiera una lectura política inevitable: modernizar la industria minera y atraer inversión privada, mientras se penaliza la extracción ilegal y la degradación ambiental. Es la tercera norma, tras reformas a hidrocarburos y a la aceleración de trámites, que se aprueba en un escenario marcado por la cooperación económica con Estados Unidos, según el reportaje.

Cuando un actor externo declara su apetito por "acceso total" y, en paralelo, la nación objeto del interés abre legislativamente sus puertas a la inversión privada en sectores estratégicos, las preguntas no son retóricas. ¿Quién controlará las concesiones? ¿Qué salvaguardias habrá para la soberanía y el medio ambiente? La BBC recuerda además que la minería ilegal y la presencia de grupos criminales y guerrillas son realidades que han atenazado regiones como el Arco Minero del Orinoco durante décadas.

No se trata de conspiraciones imaginadas sino de concatenación de hechos: una operación militar que cambia el equilibrio de poder, declaraciones públicas que reclaman acceso a recursos, y reformas legales que facilitan la entrada de capitales sobre yacimientos estratégicos. Todo ello, contado con datos y testimonios recogidos por periodistas y expertos consultados, reclama la vigilancia de cualquier demócrata preocupado por la soberanía de los pueblos y la integridad de sus riquezas naturales.