La regularización que deja afuera a quienes duermen en la calle

La escena es sencilla y reveladora: una sala modesta en Arrels, en Barcelona; dos abogadas y hombres que han vivido en la calle desplegando carpetas con la esperanza puesta en papeles. Esa modestia convive con una complejidad administrativa que, en la práctica, convierte la posibilidad de regularizarse en una epopeya para quienes no tienen techo.

Los obstáculos son concretos y repetitivos. Se piden pasaportes, certificado de padrón —una vía abierta por el Ayuntamiento para personas sin domicilio fijo— e informes de vulnerabilidad. Muchas de esas pruebas existen, pero otras no llegan a tiempo, o no están en el formato exigido: antecedentes penales que requieren una “cadena de legalización” con hasta cuatro sellos, traducciones, citas en consulados que no funcionan y documentos que no son válidos si no pasan por los trámites consulares adecuados.

El caso de los procedentes de Argelia ejemplifica la barrera externa: la adhesión de Argelia al convenio de La Haya entrará en vigor en julio, después de cerrado el plazo para la regularización, por lo que sus documentos deben seguir una vía administrativa mucho más compleja. La embajada española en Orán, clave en esa cadena, aparece como un cuello de botella: citas inexistentes o servicios cerrados agravan el embudo que impide completar expedientes.

A ello se suman las sombras judiciales. Antecedentes penales, condenas leves en España o causas abiertas, y órdenes de expulsión dictadas en otros países se traducen en una probabilidad muy baja de éxito, aun cuando los interesados presenten la solicitud. Las abogadas consultadas lo dicen sin eufemismos: hay casos “très complicados” cuya concesión es “très très très baja”, pero que, aun así, deben intentarse.

Las dificultades prácticas no son menores: traducciones de documentos en alemán, pérdida de pasaportes, la necesidad de una dirección para notificaciones o la obtención de informes de vulnerabilidad vía entidades colaboradoras —Arrels aspira a esa condición— son barreras que desarticulan las posibilidades de una población ya fragilizada.

Hay también un factor informativo. Muchos siguen rutas alternativas para informarse —uno de los entrevistados llegó a usar ChatGPT para orientarse sobre qué documentos traer—, pero la información no siempre basta si las administraciones no facilitan las citas, los sellos o las opciones reales de inscripción.

El resultado es una tensión cruel: la existencia de una medida excepcional que pretende dar salida administrativa a migrantes choca con la realidad burocrática y consular que deja fuera, con todas sus consecuencias, a quienes menos recursos tienen. Es la paradoja de una política que abre una puerta pero no pone la alfombra que permita cruzarla.