La regularización masiva: una operación a ciegas que obliga a Europa a mirar

El Partido Popular ha obligado a que la decisión del Gobierno sobre la regularización masiva de inmigrantes sea examinada en el Parlamento Europeo. La iniciativa, ya registrada en la Comisión de Peticiones, reclama un examen "urgente" del proceso ante las dudas que plantea su impacto y su encaje en el marco jurídico comunitario.

No hablamos de invenciones retóricas sino de cifras manejadas en el debate público: distintas estimaciones situaban a los beneficiarios potenciales entre 500.000 y un millón de personas. Es ese volumen —reclama el PP— el que convierte la medida en un asunto que trasciende la política interior y exige la atención de la Eurocámara.

La queja popular se centra en varios ángulos concretos y verificables. Primero, la discrepancia con el enfoque comunitario en materia de control de fronteras y gestión de flujos migratorios. Segundo, la ausencia de comprobaciones individuales y de certificados oficiales de antecedentes penales: una regularización "sin control alguno", según los denunciantes, que para el PP puede convertirse en "un coladero de delincuentes".

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha subrayado en el registro de la iniciativa que se trata de "la mayor operación de regularización de Europa", una legislació n "a ciegas" y sin coordinación con socios. Esa es la alarma política que trasladan a Bruselas: que una decisión de tal calado se adopte sin planificación, controles y evaluación de impacto.

El texto de la petición detalla además el efecto trasfronterizo de la medida: los permisos de residencia concedidos en el espacio Schengen permiten movilidad dentro de la UE, con el consiguiente riesgo de "movimientos secundarios irregulares hacia otros países europeos" y posibles responsabilidades añadidas para el Estado que concede esos permisos. Esa proyección comunitaria es la base jurídica y política que obliga al Parlamento Europeo a examinar el asunto.

En esencia, la iniciativa del PP reclama que se evalúen "las consecuencias sociales, económicas y legales" de la regularización masiva. La advertencia —literal— es que "una nación que no sabe quién entra no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni la de sus socios europeos". No es solo una acusación contra una medida: es un llamamiento a que las instituciones europeas verifiquen si la acción del Gobierno respeta los principios y obligaciones del espacio Schengen y la normativa comunitaria.

Sea cual sea el resultado del examen en la Eurocámara, el hecho es claro y objetivo: una de las principales fuerzas políticas españolas ha trasladado a las instituciones europeas una queja formal sobre una política migratoria que, por su escala y por la forma en que se ha planteado, reclama control, coordinación y evaluación.