La diáspora que no cesa: cuando la mejora macroeconómica no ata a la patria

La prosperidad en los indicadores no ha logrado poner freno a la salida masiva de compatriotas. Mientras el PIB creció 2,3% en 2025 y el desempleo se mantiene por debajo del 9%, cifras que muchos celebran como signos de estabilidad, casi 370.000 colombianos salieron ese año y no regresaron. El pico de 2022, con más de 500.000 salidas, dejó una huella que aún persiste.

No estamos ante una fuga desesperada por hambruna o colapso absoluto: la evidencia es tozuda y clara. Académicos citados por BBC Mundo recuerdan que la migración colombiana lleva más de medio siglo como fenómeno constante. Emigrar, en muchos casos, responde a la ambición de mejorar ingresos o a la reunificación familiar, no necesariamente a la expulsión por miseria.

Hay motivos estructurales que explican la intensidad del flujo. Las redes de compatriotas en el exterior actúan como palancas: hoy hay casi un millón de colombianos en España, 1,2 millones en Estados Unidos y alrededor de 200.000 en Chile. Esa presencia multiplica las posibilidades de quienes contemplan partir y reduce los costos —materiales y psicológicos— de emprender el viaje.

También han incidido decisiones de política migratoria en terceros países. La exención de visado para estancias cortas en la zona Schengen, vigente desde 2015 para colombianos, y la eliminación temporal del requisito en Reino Unido desde noviembre de 2022 (luego restablecido en 2025) facilitaron entradas que en algunos casos derivaron en solicitudes de asilo para prolongar la estadía.

Aún más: la Agencia de la ONU para los Refugiados sitúa a los colombianos entre los países con más solicitudes de asilo en el mundo, solo por detrás de Venezuela y Sudán. No todas esas peticiones responden al mismo móvil; algunas están vinculadas a las secuelas del conflicto armado de cinco décadas, y otras han sido objeto de señalamientos por irregularidades y abusos que buscan aprovechar regímenes de entrada más flexibles.

El Estado no ha sido indiferente: existen programas de repatriación y la norma que contempla planes de retorno —la ley 1.565 de 2012—, pero esos instrumentos no han conseguido revertir la corriente ni atraer retornos masivos. Y mientras casi cuatro millones de colombianos residen en el exterior frente a una población de 52 millones en el país, la diáspora se consolida como una variable permanente de la realidad nacional.

La conclusión que imponen los hechos es sencilla y contundente: la mejora macroeconómica no equivale a anclaje social ni a clausura de aspiraciones migratorias. La combinación de redes internacionales, cambios en las reglas de movilidad y motivos individuales de progreso hace de la emigración un fenómeno estructural y persistente. Habrá que reconocer esa realidad con serenidad y diseñar, desde la política pública, respuestas que contemplen la movilidad como parte de la estrategia nacional, no como una anomalía temporal.