La colonización política de la Administración: puerta abierta a la corrupción

Corrupción. Palabra de moda, yeso con el que se cubre la fractura de nuestras instituciones. No es un epíteto trivial: según la definición académica, significa el deterioro de valores y la utilización indebida de funciones públicas. Y cuando esa deformación se generaliza, deja de ser un problema aislado para convertirse en riesgo sistémico.

La hoja de ruta que describe la tragedia es clara y fría en sus causas: un mayor porcentaje del PIB está siendo gestionado por la Administración; políticos colonizan las administraciones, sustituyendo la profesionalización de los funcionarios por un amateurismo que siembra discrecionalidad y, a menudo, arbitrariedad en la ejecución del gasto público; y un incremento masivo de flujos monetarios —por economía sumergida y por la desbocada emisión de dinero— inunda el sistema y facilita el blanqueo y la captura de la renta pública.

No hablamos en abstracto. La corrupción económica precede y alimenta la corrupción institucional. Organizaciones cada vez más sofisticadas combinan actores públicos y privados para degradar el Estado. Cuando la impunidad se convierte en objetivo —cuando se pretende corroer el Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad— el proyecto democrático se deshace: la igualdad ante la ley se convierte en una quimera y la democracia, si no se ataja, corre el riesgo de mutar en cleptocracia y, en última instancia, en autoritarismo.

España no es ajena a esa degradación. Vivimos un paroxismo en la lucha contra la corrupción, dificultada, según el análisis, por un ejecutivo con rasgos cleptocráticos. La tipificación penal de conductas corruptas ha sido muchas veces reactiva y desordenada, sin una sistemática coherente que atienda al peligro que representan las organizaciones corruptas para el Estado democrático.

Frente a esta emergencia, la experiencia internacional ofrece herramientas probadas. Una política penal premial —la llamada leniency— ha cosechado éxitos en países como Italia y Estados Unidos: reducir o eximir penas a quienes, integrados en delitos colectivos, colaboran decisivamente con la investigación para desarticular organizaciones criminales. Esa política suele complementarse con medidas de fomento de la denuncia voluntaria y protección de denunciantes, como la Ley 2/2023 que transpone la Directiva europea 2019/1937.

Es cierto que el derecho penal español incorpora incentivos en delitos como cohecho, malversación y organización criminal; pero la normativa premial no alcanza por completo delitos relevantes en la práctica corrupta —tráfico de influencias, prevaricación y determinados fraudes—, lo que deja huecos operativos en la respuesta penal.

No se trata de retóricas grandilocuentes sino de medidas concretas: adecuar técnicas de investigación, extender instrumentos premiales a conductas clave, blindar la protección de denunciantes y restaurar la profesionalización de la Administración para recobrar la predictibilidad normativa. Sin controles eficaces y sin transparencia, el mandato constitucional que exige eficiencia y economía en el gasto público queda hipotecado.

El reto es mayúsculo, pero la alternativa es peor: tolerar la colonización política de las instituciones es allanar el terreno a la picaresca y a la impunidad. Defender el Estado de Derecho exige, por tanto, una respuesta firme y técnica, no indulgencias ni medias tintas. Porque cuando la Administración deja de servir al interés general para servir a intereses particulares, la nación entera pierde.