La caída del rey narco: la extradición de Marset a EE. UU. pone a prueba la cooperación internacional

No hubo huida milagrosa esta vez. Sebastián Marset, de 34 años y señalado como líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y pocas horas después extraditado a Estados Unidos. La DEA había ofrecido hasta US$2 millones por información que permitiera su detención.

El operativo, según las autoridades bolivianas, se desarrolló a las 3 de la mañana en dos inmuebles: uno ocupado por el grupo de seguridad que hacía las veces de comando, y otro, a ocho minutos de distancia, donde se encontraba Marset. Las fuerzas de seguridad informaron que neutralizaron primero al equipo de escoltas y luego detuvieron al narcotraficante sin uso de violencia letal ni heridos, y que éste fue tratado "de manera respetuosa".

Horas después, Marset fue trasladado a Estados Unidos; Bolivia afirmó que la DEA no participó en la captura sino únicamente en el traslado posterior. El ministro de Gobierno boliviano dijo que la investigación había durado "varias semanas" y que la captura fue fruto de ese trabajo coordinado.

La acusación contra Marset no es singular: se le señala por narcotráfico en Paraguay y Bolivia, y por lavado de dinero en Estados Unidos. En el operativo fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas una mujer identificada por la policía boliviana como Tatiana Marset Alba, señalada en informes previos como media hermana del detenido.

El itinerario delictivo y la vida pública de Marset contribuyeron a su caída. Autoridades paraguayas sostienen que un video divulgado por él en octubre de 2025 permitió su geolocalización y facilitó las pesquisas. El propio Marset, mientras estaba prófugo, había concedido una entrevista en la que afirmaba que no se entregaría y que transitaba por Sudamérica "tranquilo de un lado a otro", sosteniendo además que era inocente y que ya había cumplido pena en Uruguay entre 2013 y 2018.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, calificó la captura como un "hecho histórico" y la ubicó como "un punto de inflexión" en la lucha contra las mafias. El ministro Oviedo, por su parte, fue contundente al afirmar que en gestiones previas existió protección hacia Marset y que hubo negligencia por parte de autoridades anteriores, extendiendo la responsabilidad a instancias policiales y del Ministerio de Gobierno previos.

La operación exhibe dos realidades inapelables: la eficacia que puede alcanzar la cooperación transnacional cuando la investigación es sostenida y la fragilidad institucional que permite a figuras como Marset establecer bases en países distintos. La recompensa millonaria ofrecida por la DEA, la extradición inmediata y las declaraciones públicas de presidentes y ministros ponen de manifiesto que la captura combina presión internacional y acción estatal nacional.

Ahora, mientras Marset afronta procesos fuera de la región y las investigaciones siguen su curso en Paraguay y Bolivia, queda abierto el capítulo más incómodo: quiénes facilitaron su largo tránsito impune y qué remedios institucionales se impondrán para que no haya nuevos reinados de terror. La captura es un avance; la rendición de cuentas, una asignatura aún pendiente.