La Audiencia Nacional blinda el proceso para elegir juez español en el TEDH

La Audiencia Nacional ha dejado claro que el cauce administrativo diseñado para elegir al magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se paraliza por capricho procesal. En un auto que desestima la medida cautelar solicitada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial Carlos Hugo Preciado, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el motivo principal invocado para pedir la suspensión ha decaído: Preciado fue entrevistado por el comité de selección el 29 de abril de 2026.

Ese dato, constatado por el tribunal, desactiva la pretensión de anular las órdenes que regulan el procedimiento y hace innecesario entrar a valorar el resto de razones alegadas por el recurrente. No es un matiz administrativo: es la constatación de que uno de los aspirantes estuvo presente en la fase de entrevistas que él mismo ponía en cuestión.

El proceso, dirigido por el Ministerio de Justicia que encabeza Félix Bolaños, fue impugnado por Preciado por entender que el comité de expertos presentaba una mayoría gubernamental y, por tanto, no se ajustaba a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre equilibrio en la composición del órgano que recomienda candidatos. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha señalado que dicho organismo debe tener una composición equilibrada; esa observación figura en el contexto de la disputa, pero la impugnación primaria se ha visto aminorada por el propio desarrollo del trámite.

Además, Preciado alegó que inicialmente no habían sido convocados todos los candidatos a las entrevistas, reclamando igualdad de condiciones y la tutela del principio de mérito y capacidad frente a una exclusión de facto. La Audiencia responde con la constatación fehaciente: "Carlos Hugo Preciado Domenech fue entrevistado personalmente en la Escuela Diplomática de Madrid, por el Comité de Selección válidamente constituido... el día 29 de abril de 2026". Con ese elemento probado, la solicitud cautelar pierde sostén.

El reemplazo debe cubrir la vacante que dejará la magistrada María Elósegui cuando expire su mandato en marzo de 2027. Un total de 28 juristas, entre magistrados, catedráticos y fiscales, presentaron candidatura para el puesto cuyo mandato abarcará el periodo 2027-2036. Corresponde al comité de selección —formado por el secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales Diego Martínez Belío; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Alberto Herrera; la vocal del CGPJ Gema Espinosa; y la miembro del Consejo de Estado Paz Andrés— elevar una terna a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tendrá la última palabra.

La decisión de la Audiencia Nacional no zanja la controversia sobre la composición del comité ni las críticas que se han formulado desde ámbitos que invocan la necesidad de equilibrio, pero sí confirma que, a día de hoy, el procedimiento convocado mediante la Orden PSJ/205/2026 de 11 de marzo sigue su curso y que las etapas esenciales de selección se han desarrollado con las entrevistas celebradas el 29 de abril de 2026.

Queda ahora que los pasos siguientes sigan el orden legal y que la terna que eleve España a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa responda a los criterios formales y de fondo que exige una plaza de tal calado institucional.