La asignación ausente que paraliza la oportunidad laboral de miles

La expectación por la regularización de miles de personas migrantes se ha topado con un escollo administrativo que desdibuja la palabra «inmediato». La admisión a trámite de sus solicitudes, documento que abría la puerta al trabajo legal, incluía la promesa de que «en unos días» recibirían por correo ordinario el número de la Seguridad Social que permite formalizar un contrato. Pero esos «unos días» se han convertido en un silencio burocrático que prolonga la incertidumbre.

Katerine Aguilar, Adonái Aquino y Joel Arismendi encarnan ese eco cotidiano: levantarse con la esperanza de encontrar en el buzón la resolución que autorice el alta y, en cambio, hallar nada. Katerine, que espera colocarse en una pizzería de Vilanova i la Geltrú; Adonái, con varias ofertas en el horizonte; Joel, que ya trabaja informalmente en la construcción y aguarda formalizar un precontrato como ayudante de almacén. Historias concretas que ilustran una realidad colectiva: personas autorizadas a trabajar, pero sin poder hacerlo por falta del numerito administrativo.

Los despachos que tramitaron masivamente las solicitudes —como Legalteam en Barcelona o profesionales en Granada— acumulan cientos de expedientes en suspenso. Sus abogados subrayan que la admisión ya contenía datos como el NIE, información que en circunstancias ordinarias bastaría para gestionar el alta en la Seguridad Social. Pese a ello, la comunicación oficial de la Secretaría de Estado insiste en que «el número de la Seguridad Social se asignará automáticamente durante la tramitación» y que la notificación llegará por carta, sin necesidad de acudir a oficinas.

Esa centralización, clara en el papel, tropieza ahora con la realidad del reparto postal y con viviendas donde la llegada de la carta puede complicarse. El resultado: gestores y sindicatos, como Comisiones Obreras, optan por tramitar el alta por la vía habitual ante la Seguridad Social para evitar esperas. Otras organizaciones, como Cear, confirman que algunas personas sí han recibido ya la asignación; la experiencia, sin embargo, no es uniforme y deja a muchos en el limbo.

La paradoja es llamativa y amarga: una autorización formal para trabajar que depende de una comunicación que no llega. Los afectados, mientras tanto, siguen desempeñando labores precarias —limpieza, reparto de folletos, construcción— y aguardan que lo prometido por escrito se materialice. La Administración responsable de pilotar la regularización, el Ministerio de Migraciones, no ofrece en la información disponible una explicación que despeje los plazos o el alcance del retraso.

No se trata aquí de acusaciones gratuitas, sino de constatar una falla operativa con consecuencias reales: contratos que no se formalizan, empresas interesadas que no pueden cerrar incorporaciones y personas cuyo acceso a la estabilidad laboral queda en suspenso por un trámite que debía ser automático. La aspiración de convertir una admisión a trámite en una entrada inmediata al empleo se topa, pues, con la letra pequeña del funcionamiento burocrático. Y en la espera, miles continúan viviendo la irregularidad administrativa pese a haber recibido la aceptación de su solicitud.