Justicia menor: condenas confirmadas y una absolución que interpela

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz no es un mero tecnicismo procesal: es la respuesta judicial a una violencia brutal sucedida en un piso tutelado la noche del 9 de marzo de 2025.

Los dos menores varones, entonces de 14 y 15 años, ven confirmadas las penas de seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada por coautoría de asesinato y robo con extrema violencia. La Justicia encuentra probado lo que nadie sensatamente puede obviar: una agresión atroz que terminó con la vida de la educadora Belén Cortés y con la huida de los autores tras robar sus pertenencias y las llaves del coche.

La propia Policía certificó la violencia extrema: golpes repetidos y el estrangulamiento con un cinturón. Los hechos ocurrieron en un centro tutelado por la Junta de Extremadura y gestionado por Cerujovi, un detalle que no es menor cuando se discuten responsabilidades institucionales y protocolos de protección.

Frente a esa condena, la Sala estima parcialmente el recurso de la tercera menor, ahora absuelta del delito de complicidad en el asesinato, pero mantenida responsable por un delito de robo con violencia por el que se le impone dos años de internamiento en régimen cerrado. La Audiencia explica que la sentencia original incorporó, por auto de aclaración-rectificación, un párrafo que no figuraba y sobre el que se sustentó la condena por complicidad, algo que jurídicamente no procede.

No se trata de complacencia con la violencia. Se trata de aplicar la ley con rigor y de preservar las garantías procesales: si una añadidura de última hora altera la base de una condena, el Estado de derecho debe corregirlo. Al mismo tiempo, la Sala recuerda que la acusación particular había modificado su petición durante el juicio al entender que los responsables del asesinato eran los varones, coherencia con las primeras investigaciones policiales.

Los antecedentes de los dos menores condenados —un historial delictivo amplio, con episodios de fuga del centro y atracos— y la secuencia de hechos previos (una huida del centro y un atraco en un bar) pintan un cuadro de repetida peligrosidad juvenil que exige respuestas contundentes en materia de seguridad, prevención y reinserción.

La resolución impone además una indemnización solidaria —con la Junta de Extremadura— a la familia de la víctima por más de 620.000 euros. Es un reconocimiento económico a un daño irreparable, y también una llamada a la Administración: cuando los cuidadores son atacados en centros bajo tutela pública, hay responsabilidades que deben ser escrutadas y subsanadas.

La sentencia no es firme; cabe recurso de casación. Pero mientras la vía judicial sigue su cauce, el país debe hacerse preguntas incómodas y urgentes: cómo se protegen a quienes cuidan, cómo se gestionan centros tutelados y cómo la sociedad evita que adolescentes con historial delictivo escalen hasta la tragedia. No hay justificaciones para la violencia, y tampoco puede haber atajos para la justicia. La memoria de Belén Cortés exige verdad, reparación y medidas que impidan que se repita la barbarie.