Ignorar al pueblo saharaui: un riesgo para los intereses españoles

La historia no admite amnesias cuando se trata de responsabilidades coloniales. Medio siglo después de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, el conflicto del Sáhara Occidental vuelve a mostrarse como una herida abierta en la política exterior española. Mohamed Yeslem Beisat, ministro de Asuntos Exteriores de la RASD, lo dice sin rodeos: ignorar al pueblo saharaui es un error garrafal para los intereses de España.

No es una arenga retórica: es el básico recordatorio de un hecho legal y moral que persiste. Naciones Unidas reclama que España culmine el proceso de descolonización. El Sáhara dejó de estar bajo la administración directa española en 1975, pero las obligaciones y los lazos históricos siguen vigentes en la memoria y en la práctica diplomática. Beisat subraya el carácter singular de esa relación: "España no es un actor cualquiera: sigue siendo la potencia administradora del territorio".

En el tablero de negociaciones, Marruecos y el Frente Polisario han celebrado varias rondas en las que Estados Unidos, junto a la ONU, ha actuado como mediador. La presencia de Washington, en palabras del propio Beisat, resulta acertada por su capacidad de influencia en Rabat. Pero la mediación externa no autoriza a terceros a soslayar los principios esenciales: cualquier solución no puede ser impuesta ni única. El Frente Polisario está dispuesto al diálogo "con buena fe y sin condiciones previas", pero denuncia que Marruecos impone condiciones y mantiene en los territorios ocupados prácticas de represión que contradicen el gesto conciliador de las mesas de negociación.

La propuesta marroquí de autonomía administrada desde Rabat figura hoy entre las opciones discutidas. El mensaje saharaui es claro y no admite equívocos: la autonomía puede ser una opción más, nunca la coartada para privar al pueblo saharaui del derecho a elegir su futuro. Rechazar cualquier vía unilateral es, en la práctica, defender el principio de la legalidad internacional y el derecho a la autodeterminación.

Hay además una advertencia política de peso: imponer una autonomía gestionada por un régimen que no es plenamente democrático pone en riesgo la viabilidad misma de esa solución. La seguridad jurídica y el respeto de los derechos en el territorio no se garantizan con discursos conciliadores en la sala de reuniones si, sobre el terreno, la presión y la represión persisten.

España debe recordar sus propias resoluciones parlamentarias y su papel histórico. No es cuestión de retórica: es de coherencia legal, de interés nacional y de responsabilidad moral hacia un pueblo desplazado y a la estabilidad del Magreb. Beisat confía en que, tarde o temprano, España reconozca que ignorar al pueblo saharaui perjudica sus intereses y los de la comunidad internacional.

Si la mediación de Estados Unidos y la participación de la ONU sirven para avanzar, que así sea; pero que no sirvan para blanquear soluciones impuestas. La política prudente exige que Madrid recupere la centralidad en la defensa de la legalidad internacional y que actúe conforme a su condición de potencia administradora, no como espectadora indiferente. El tiempo de las concesiones unilaterales ya pasó: ante el Sáhara, España debe estar del lado de la ley, de la historia y del derecho de un pueblo a decidir.