Europa ante la encrucijada: legalidad internacional o la barbarie

Que una ministra del Gobierno de España alce la voz desde la capital de las instituciones europeas no es un gesto menor; es, más bien, una exigencia de principios. Yolanda Díaz ha señalado con contundencia lo que está en juego: defender la legalidad internacional. Esa demanda no es retórica: el Ejecutivo español, en palabras de la vicepresidenta segunda, ha sostenido esa misma legalidad en Ucrania, en Venezuela, en Palestina y ahora en Irán.

Frente a ella, la presidenta de la Comisión Europea ha elegido un tono distinto. Ursula von der Leyen se ha alineado con Estados Unidos e Israel y ha afirmado que "no debe derramarse ninguna lágrima por el régimen iraní", subrayando el golpe asestado al régimen y su responsabilidad en muerte y represión. Palabras duras, que encuentran eco en quienes celebran la caída del ayatolá Jamenei, según la propia Comisión.

La encrucijada es clara y exige una respuesta europea: ¿volvemos a situar a Europa en su origen —la paz y el bienestar social— o permitimos que la reacción se confunda con justicia internacional? Díaz lo expresa sin ambages: "Lo otro es la barbarie." No es una metáfora ociosa; es una invitación a pensar las consecuencias políticas y sociales de las gesticulaciones belicistas en el seno de la Unión.

Hay también una dimensión doméstica e inmediata: la guerra en Irán tiene efectos económicos tangibles y el Gobierno asegura disponer de "una panoplia de medidas" ya disponibles para mitigar la pérdida de poder adquisitivo y proteger sectores estratégicos —desde los vinos y los jamones hasta los electrointensivos, la química, los aceros y la farmacéutica—. No es discurso vacío: es responsabilidad de gobierno preparar y tranquilizar a empresas y trabajadores.

Europa, según Díaz, debe dar un paso adelante hoy si no quiere alimentar el escepticismo ni fortalecer a la extrema derecha. Es una advertencia con doble filo: la defensa de la legalidad internacional no solo es un imperativo moral, sino también una política preventiva contra la polarización interna. Defender leyes y derechos humanos es, en este momento, una vacuna contra las simplificaciones que alimentan el radicalismo.

Que la disputa se dirima en el escenario público de la UE muestra la gravedad del momento. No se trata de elegir entre tibiezas; se trata de afirmar, con claridad y coherencia, el papel de Europa como garante de derechos y paz. Eso, y no otra cosa, es lo que ha exigido Yolanda Díaz. Y a la hora de elegir, las palabras deben ir acompañadas de actos y medidas concretas para proteger a la ciudadanía y a quienes sostienen la economía del país.