Estafa educativa: cuando la vocación se convierte en carnada

Han sido los peores años de su vida, dicen Laura, Marta y Natalia. Tres nombres, tres historias que conforman una misma desgracia: la historia de la confianza traicionada. Con 17.000 euros aportados por Laura y Natalia, y 25.000 aportados por Marta, prometieron participación y proyecto; recibieron impagos, frío en diciembre y la sensación de haber sido convencidas de que una pared blanca era negra.

Montessori Village abrió en septiembre de 2023 con Diego J. Guerrero al frente. Al principio, parecía funcionar: una veintena de alumnos, facturación aproximada de 10.000 euros mensuales y familias satisfechas. Pero las cuentas oficiales no tardaron en desvelar otra verdad: en julio del año pasado el centro cerró dejando un agujero evidente: 60.600 euros impagados en alquiler, más de 10.000 euros en nóminas de los tres últimos meses y una deuda con la Seguridad Social que supera los 20.000 euros. A estas tres educadoras se les adeuda al menos 70.000 euros.

El relato de las protagonistas contiene detalles que no admiten suavizantes. En diciembre de 2024 les cortaron la electricidad cuando estaban a siete grados bajo cero. En enero de 2025 dejaron de cobrar. Descubrieron que no las habían dado de alta en la Seguridad Social. Les pedían que mantuvieran el silencio; les amenazaban con denuncias por difamación si contaban la verdad a las familias. Y mientras tanto, el frigorífico del comedor —prometido como ejemplo de buenos menús— llegó a contener solamente una lechuga; trabajos y gastos que ellas terminaron pagando de su bolsillo.

El caso de Albacete no aparece como un hecho aislado en la investigación; según EL MUNDO, Diego Guerrero está vinculado a la quiebra de, al menos, ocho centros privados de metodologías alternativas en Madrid, Cataluña, el País Vasco y Castilla-La Mancha, y habría actuado ocultándose tras testaferros y amparándose en cerca de sesenta empresas bajo marcas como Montessori Village o Seed Education. También figura en el foco la figura de su hermano, Francisco Guerrero, acusado de estafas similares en vinculación con otros colegios.

La mecánica es descriptible: captar a personas —casi siempre mujeres comprometidas con la educación alternativa— que aportan sus ahorros atraídas por una promesa de sociedad y misión; vaciar sistemáticamente las cuentas del centro; cerrar o no llegar a abrir centros y dejar deudas atrás. En Albacete, las socias lograron finalmente hacerse con el arriendo pagando 10.000 euros a la presunta testaferro y constituyeron una cooperativa para continuar con el proyecto bajo otro nombre, Montessori Minds. Pero ese coste no borra el daño previo: salud mental tocada, ahorro familiar volatilizado, y la sensación de que la confianza pública en la iniciativa privada educativa ha sido utilizada como cebo.

No se trata solo de fraude económico; es el desmantelamiento de un proyecto pedagógico y de la ilusión profesional de quienes dedican su vida a la educación. No hay grandilocuencia que tape la crudeza de los hechos: trabajadores sin altas en la Seguridad Social, impagos de salarios y alquileres, centros que cierran dejando deudas cuantiosas y empresarios que, según la investigación, recurren a entramados empresariales y a testaferros.

El Estado y la sociedad civil deben prestar atención: la libertad empresarial no puede convertirse en impunidad para practicar un lucro que termina en el abandono del servicio y en la ruina de quienes pusieron su confianza y sus recursos. La defensa de la educación exige transparencia, controles y responsabilidad; las víctimas de Albacete reclaman, además de su dinero, la reparación moral y la seguridad de que estos hechos no se repitan. La respuesta pública y judicial deberá seguir los hechos ya denunciados y las demandas en curso, para que la vocación no vuelva a ser carnada.