España planta cara al teatro bélico: cierre del cielo frente a la Furia Épica

La decisión es clara en su consecuencia: España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación Furia Épica, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. No solo se ha denegado el uso de las bases de Rota y Morón para aviones de combate o de reabastecimiento en vuelo que cooperen en la operación, sino que tampoco se autoriza el tránsito por el espacio aéreo español de aeronaves estadounidenses destacadas en terceros países que participen en los ataques.

El veto, explicado por el presidente del Gobierno en el Congreso, tiene una única salvedad técnica: en situaciones de emergencia se permitirá el tránsito o aterrizaje de la aeronave implicada. Fuera de esa excepción, todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, incluidos los de los aviones cisterna que son condición necesaria para ampliar el radio de acción de los bombarderos.

Los hechos muestran una respuesta medida y calculada: España no ha impedido las misiones que se inscriben en el convenio bilateral con Washington, como el apoyo logístico a las tropas estadounidenses desplegadas en Europa, que se mantiene con normalidad. Tampoco puede evitar el tránsito por el estrecho de Gibraltar de determinadas aeronaves —como los bombarderos B-2 que parten de Whiteman y realizan vuelos de más de 30 horas— cuando estos no entran en el espacio aéreo español.

Previo al inicio de los ataques del 28 de febrero, hubo intensas negociaciones entre Madrid y Washington sobre cuál sería el papel español en aquel despliegue. El Pentágono había destacado cisternas KC-135 en Rota y Morón como apoyo logístico, y sondeos estadounidenses llegaron a contemplar el despliegue de bombarderos B-52H y B-1B en Morón. España dejó claro que no podía colaborar en una operación que no contara con el paraguas del derecho internacional ni con la cobertura de una organización multilateral; la petición para desplegar esos bombarderos no llegó a presentarse formalmente.

Las consecuencias prácticas no se hicieron esperar: la negativa española al reabastecimiento en vuelo llevó a que, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, una quincena de KC-135 salieran de España rumbo a Francia o Alemania. Los datos brutales de la guerra hablan por sí mismos: uno de esos aviones cisterna cayó en Irak con seis ocupantes muertos y otros cinco resultaron dañados en un ataque iraní contra una base estadounidense en Arabia Saudí. La cronología denuncia, además, la improvisación con que algunos aliados fueron sorprendidos por la operación.

Madrid ha trazado una frontera técnica entre la cooperación habitual —la que ampara el convenio bilateral— y la colaboración directa en una acción bélica cuya legitimidad internacional no estaba garantizada. Es una postura que oscila entre la prudencia diplomática y un gesto de soberanía responsable: militarmente precisa, políticamente contundente y jurídicamente enraizada en la exigencia de coberturas multilaterales.

Queda para el debate público si ese equilibrio fue suficiente o si debieron haberse hecho otros pasos; lo cierto es que hoy el cielo español marca una raya que separa el apoyo logístico ordinario de la participación en una campaña militar sin aval internacional.