España dice no: dignidad y prudencia frente al alboroto bélico de Trump

El relato es sencillo y demoledor: desde la residencia privada de Mar‑a‑Lago, con un reducido círculo de colaboradores, se emprendió una guerra que encendió Oriente Próximo. Washington, desbordado en comunicación y mando, no avisó a sus aliados. Tampoco fueron avisados gobiernos afines como el italiano. España, ante ese desconcierto transatlántico, eligió no mirar a otro lado.

No hablamos de una operación relámpago de pocas horas, como la que tuvo lugar en junio del año pasado y en la que, según las crónicas, aviones cisterna KC‑135 repostaron a bombarderos B‑2 sobre el Atlántico desde Morón. Entonces, las autoridades españolas consideraron que el uso de las instalaciones se ajustaba a los límites del convenio de 1988; y la operación pasó sin más consecuencias públicas. Ahora la situación cambió de signo: ya no era una acción aislada, sino el inicio de una guerra a gran escala, desestabilizadora y sin claro respaldo jurídico.

Ese fue el punto de inflexión que pesó en la balanza del Gobierno: el artículo 2 del convenio con Estados Unidos exige autorización previa del Gobierno si el uso de las bases excede el ámbito bilateral u OTAN. Además, los procedimientos que regulan escalas y sobrevuelos consideran los reabastecimientos como "vuelos especiales", sujetos a presentación ante el Comité Permanente Hispano‑Norteamericano con, al menos, 48 horas de antelación. Es decir: hay normas; y hubo una decisión soberana de aplicarlas.

La negativa a permitir el uso de Rota y Morón durante ese fin de semana no fue simbólica. Los KC‑135 desplegados en España partieron hacia Francia y Alemania; Francia reconoció haber autorizado el uso de Istres‑Le Tubé. España mantuvo, en cambio, el control —dentro de lo que el convenio permite— sobre los permisos de escala y sobrevuelo, recordando que no autoriza sin garantías cuando el propósito declarado puede encubrir una misión distinta.

No es que el tránsito logístico estadounidense haya cesado en nuestro suelo: las fuerzas norteamericanas en Europa siguen operando, y los tráficos de transporte con permisos trimestrales continúan. Tampoco es control absoluto: España admite que no siempre puede verificar si, tras alcanzar el destino declarado, una aeronave emprende un nuevo viaje. Pero en el caso que nos ocupa la decisión fue nítida: evitar la complicidad en una ofensiva de incierto encaje legal y de imprevisibles consecuencias globales.

La cuestión de los destructores Arleigh Burke en Rota ilustra otra limitación práctica. España no controla las misiones que estos buques puedan asumir una vez desplegados; sin embargo, fuentes militares subrayan su especialidad antimisiles y la improbabilidad de que se les asignen tareas ofensivas. Esa precisión técnica no reduce, en todo caso, el valor de la postura española: aplicar el tratado cuando procede y no ser cómplices de una operación que podría arrastrar al país a una guerra sin legalidad clara.

Esa firmeza no es obstinación; es ejercicio de soberanía. En un escenario internacional quebrado por decisiones improvisadas y transmitidas desde despachos privados, España optó por respetar los procedimientos y por no banalizar el uso de su territorio como plataforma para una escalada. No es un gesto de ruptura con un aliado, sino la reivindicación del marco jurídico y de la prudencia estatal ante la certidumbre de lo desconocido.

Que se sepa: la política exterior también se mide en detalles administrativos que en última instancia salvan vidas y preservan la posición internacional de un país. Negarse a facilitar lo que podría convertir nuestras bases en puntas de lanza de una guerra ilegal no es cobardía; es responsabilidad. Y en tiempos donde la precipitación manda en algunos despachos, España ha demostrado que la razón de Estado exige más que obediencia acrítica.