El nuevo protocolo: seguridad bajo sigilo en la era de las amenazas digitales

El Ministerio del Interior revisó en febrero del año pasado la instrucción que, desde 2012, marcaba las reglas para determinar quién necesita protección policial y en qué forma. Fue un reconocimiento explícito: la naturaleza de la amenaza ha cambiado y las normas del pasado, pensadas para un ciclo de terrorismo concreto, exigían una adaptación al contexto actual.

No se trata de complacencia, sino de relectura del riesgo. La instrucción, ahora titulada "Instrucción para regular la prestación de servicios de protección de personas", incorpora que, más allá de cargos públicos y visitas extranjeras, la protección corresponde a quienes, por circunstancias personales, profesionales o laborales, afronten un “especial riesgo” según la valoración de los expertos policiales. Ese encuadre explica decisiones recientes y polémicas, como la asignación de escolta a la periodista Sarah Santaolalla, que han provocado debate y protestas sindicales dentro de las fuerzas.

El documento no cae en lo obvio: mantiene bajo la ley de secretos oficiales el listado de quiénes cuentan con protección, y el Ministerio se niega a precisar al diario cuántas personas están amparadas. Fuentes policiales consultadas por el medio sitúan hoy esa cifra en un rango aproximado de 150 a 200 personas, pero el protocolo obliga al silencio institucional.

Entre las novedades prácticas figura la creación de una Comisión de Coordinación de los Servicios de Seguridad y Protección de Personas, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y compuesta por responsables de Policía y Guardia Civil. Esa comisión elabora un catálogo no nominal de cargos públicos con necesidad de protección —concepto que incluye a quienes, por su posible victimización, podrían causar un grave perjuicio al funcionamiento institucional, a la seguridad pública o a la defensa nacional— y decide también sobre personas ajenas a las altas instituciones del Estado.

El análisis que determina la concesión y el tipo de protección se funda en la valoración de la amenaza, la probabilidad de que ésta se materialice y los factores de vulnerabilidad. A partir de ese estudio, que puede iniciarlo Interior o las propias fuerzas, se asignan dispositivos estáticos, dinámicos o de contravigilancia. El protocolo fija además un registro con ficha de las personas protegidas, su institución, fechas de asignación y cese, y los medios humanos y materiales asignados; y obliga a reevaluar el riesgo, al menos, cada seis meses.

El manual subraya la relación entre servicio y protegido: las fuerzas de seguridad deben entrevistar a la persona amenazada y transmitirle recomendaciones para garantizar eficacia. Y contempla consecuencias si el protegido desoye de forma grave o reiterada las normas, poniendo en riesgo su integridad o la del servicio, obligando a elevar el asunto al ministerio. También admite, como ya ocurrió en los años de ETA en Euskadi, que determinadas labores puedan realizarlas empresas privadas de seguridad.

Este protocolo es la traducción operativa de una realidad que hoy confronta el Estado: la transición de una amenaza definida y organizada a una amenaza dispersa, amplificada por redes sociales y capaz de materializarse en múltiples formas. El resultado es una respuesta técnica y sigilosa: reglas actualizadas, comisiones, fichas, reevaluaciones periódicas y un manto legal que preserva el secreto sobre quién recibe protección. Es una decisión deliberada del Estado para proteger sin exhibir sus medidas; una decisión que exige transparencia sobre criterios, pero también prudencia cuando de seguridad se trata.