El muelle de la vergüenza: lecciones que la política no puede eludir

El desembarco de la historia en Arguineguín no fue una metáfora: entre el 9 de septiembre y finales de noviembre de 2020, sobre el rugoso cemento del muelle llegaron a hacinarse 2.700 personas. Aquellas imágenes, que dieron la vuelta al mundo, no pueden convertirse en anécdota cuando un papa y el presidente del Gobierno vuelven a posar los pasos sobre el mismo escenario.

No se trata de dramatizar por dramatizar. Son hechos: la llegada de más de 23.000 migrantes y refugiados a las islas Canarias aquel año tensó un sistema desprevenido. El Gobierno, entonces volcándose en la gestión de la pandemia, optó por concentrar a los migrantes en las islas pese a la ausencia de recursos, creando un embudo que terminó por definir la convivencia y las garantías mínimas que deben acompañar a cualquier política pública.

Las voces que vivieron aquel muelle cuentan lo que las fotos muestran. Hamza, un joven marroquí que pasó 11 días sobre el asfalto, habló de mantas en el suelo, noches de frío, comida tarde y escasa —un sándwich de atún— y la carencia de agua y limpieza: «What the fuck!», dijo, sobre la higiene diaria. No son alegatos retóricos: son testimonios directos que revelan condiciones sanitarias y de dignidad por debajo de cualquier umbral razonable.

La constatación institucional llegó con contundencia. El entonces Defensor del Pueblo visitó sin aviso y describió «situación de total hacinamiento», temperaturas que alcanzaron «los 40 grados» dentro de las carpas, baños insuficientes y ausencia de agua potable. Al menos 80 personas con PCR positiva permanecían sin separación alguna y varias llevaban detenidas desde el 3 de noviembre, superando el plazo legal de 72 horas. La recomendación fue clara: clausura inmediata. Y sin embargo, el campamento siguió funcionando dos semanas más.

Desde el terreno, el exmagistrado Arcadio Díaz Tejera no escatima diagnósticos: «Arguineguín constituyó una situación antijurídica» y «es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas: nadie estuvo a la altura». Su testimonio no solo describe lo ocurrido, también pone el dedo en la responsabilidad de quienes debían prever y evitar tal colapso. En contraste, la fiscal contra la Trata y Extranjería contextualiza: estábamos en pandemia, la movilidad estaba restringida y los recién llegados fueron sometidos a cuarentenas hasta su traslado a hoteles vacíos.

En el plano judicial y político las respuestas fueron dispares. La alcaldesa de la localidad denunció los hechos en octubre de 2020 y se mostró beligerante en posteriores actuaciones contra la inmigración. En enero de 2022, la Audiencia Provincial de Las Palmas cerró la denuncia descartando delito y argumentó que «no había otra alternativa» y que «no era posible prever tan masiva llegada». Díaz Tejera disiente: «Esa situación no era inevitable ni imprevisible», recuerda, porque él la vivió de primera mano.

Lo ocurrido en Arguineguín plantea preguntas que no admite respuesta cómoda: ¿cómo pudo formarse un embudo que conculcó derechos básicos? ¿qué falló en la coordinación entre Estado, comunidades e instituciones locales en plena pandemia? ¿por qué se prolongó una situación que el propio Defensor pidió cerrar de inmediato? La visita del papa es un recordatorio simbólico: las imágenes no se borran con ceremonias.

No se trata solo de memoria moral; se trata de hacer legible la lección institucional. Si la política es la arte de organizar la convivencia, la gestión de emergencias migratorias exige previsión, recursos y respeto escrupuloso a las garantías legales. De lo contrario, los muelles pueden seguir ofreciendo portadas, pero también tribunal de la Historia para quienes miren con rigor. Arguineguín fue, en palabras de algunos protagonistas, un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Que esa sentencia no quede en epitafio, sino en aprendizaje y reforma.