El ‘escuadrón de Dios’ vuelve para abrir el Golfo a la perforación

El Gobierno de Donald Trump ha recurrido a un mecanismo excepcional con nombre propio: el Comité de Especies en Peligro de Extinción, popularmente apodado el “escuadrón de Dios”. Un órgano federal previsto en la ley desde 1978, diseñado como último recurso, que esta semana vuelve a la escena para permitir nuevas perforaciones petroleras en el Golfo de México.

No es una concesión menor. El panel, presidido por el secretario del Interior e integrado por altas autoridades federales —entre ellas los responsables de Agricultura, del Ejército, de la EPA, de la NOAA y el presidente del Consejo de Asesores Económicos— tiene la facultad de autorizar proyectos aun cuando representen un riesgo para especies protegidas, siempre que se considere que no existe alternativa razonable y que el interés nacional o los beneficios económicos lo justifiquen. Ese poder explica el apodo y explica también por qué su uso despierta alarma.

El recurso a este comité llega en un contexto marcado por la intención de reforzar la producción energética nacional: la solicitud que motivó la convocatoria partió del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien alegó motivos de seguridad nacional en medio de tensiones en el mercado global del petróleo y por la guerra en Irán. La exención aprobada facilitaría acelerar la aprobación de proyectos offshore y hacer más difícil que organizaciones ecológicas puedan frenar esas iniciativas en los tribunales.

No es irrelevante el momento elegido. La decisión coincide con un derrame de residuos petroleros que ha contaminado cientos de kilómetros de la costa mexicana del golfo y que está siendo investigado por las autoridades mexicanas. Además, las voces ambientales alertan del impacto sobre especies en peligro que habitan la región, entre ellas la ballena de Rice, cuya población se estima en apenas unas decenas de ejemplares.

La invocación del “escuadrón de Dios” no es una casualidad administrativa: desde su creación hace casi medio siglo el comité se había reunido solo en tres ocasiones y había concedido únicamente dos exenciones. Su intervención debía reservarse a circunstancias extremas; ahora, activarlo para ampliar la explotación petrolera plantea preguntas sobre el peso del interés estratégico y económico frente a la protección de la fauna y los ecosistemas marinos.

Sea cual sea la justificación oficial, la realidad es que la puerta a nuevas prospecciones en zonas hasta ahora protegidas del Golfo de México se abre bajo el argumento de seguridad nacional y estabilidad energética. Esa decisión tendrá efectos sobre el litigio regulatorio, sobre la vigilancia ambiental y sobre especies cuya supervivencia es, según expertos ecológicos, frágil. El uso de un mecanismo tan excepcional obliga a un debate público riguroso: no son meras siglas burocráticas, son determinaciones que pueden condicionar el rostro del Golfo y el futuro de especies en peligro.