Doña Lupe: 11 años por convertir la frontera en negocio y peligro

La sentencia federal de 11 años impuesta este miércoles a Ofelia Hernández Salas es más que una cifra: es el castigo judicial a un sistema que mercantilizó la desesperación. La mujer de 64 años, conocida como "Doña Lupe" o "La Güera", fue considerada por la Fiscalía de Estados Unidos al frente de una organización que facilitó el paso ilegal de miles de personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

No estamos ante una operación aislada ni ante un gesto de mala administración: la acusación la describe como una red "prolífica" que, además de cobrar decenas de miles de dólares por cruce, sometía a los migrantes a robos a punta de arma o cuchillo. Ese añadido —el saqueo de quienes ya habían pagado por salvar sus vidas o sus esperanzas— convierte el delito en doble afrenta: tráfico y depredación de las víctimas.

La investigación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., que culminó con la detención en marzo de 2023 en Mexicali por efectivos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California a petición estadounidense y de Interpol, no dejó elucubraciones: en la redada fue arrestada también Raúl Saucedo Huipio, señalado como su principal cómplice. Ambos se declararon culpables de conspiración para traer extranjeros a EE. UU. y de tráfico de personas con fines de lucro; Saucedo espera sentencia.

La acusación añade un elemento que agrava la trama: la organización habría contado con la protección del cártel de Sinaloa. No es una nota al pie: es la constatación de que el negocio del tráfico humano puede funcionar en tándem con estructuras criminales proteicas y violentas, ampliando el riesgo para las comunidades y para las víctimas.

Los clientes de la red no eran solo de México y Centroamérica: la lista incluye personas procedentes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia o Egipto. Esa diversidad demuestra la escala transnacional del fenómeno: rutas, hoteles y cadenas logísticas que trascienden fronteras y que necesitaban ser desarticuladas.

Con la condena, la trayectoria judicial se cierra con una consecuencia más: una vez cumplida la pena, Hernández Salas quedará sujeta a deportación, según el Departamento de Justicia. No es la solución al problema de fondo —las redes y las causas migratorias—, pero sí un golpe a quienes lucran y aumentan el peligro en cruces ya de por sí mortales.

Queda la lección: hay que seguir desmantelando las estructuras que convierten la migración en negocio criminal. Y hay que proteger a quienes huyen de la desesperación frente a quienes los explotan. La ley ha hablado en este caso; la política y la cooperación internacional deben atender ahora las raíces y las redes que lo permitieron.