Deportados y desamparados: el retorno que entrega pueblos al narco

Regresar a la tierra natal, después de décadas en Estados Unidos, no siempre significa reencontrarse con familia y oportunidades. Para muchos deportados es, en cambio, ponerse en el ojo del huracán: volver a poblaciones que ya no reconocen; volver a aldeas en las que el narco lo organiza todo.

José González*, de un rancho del Bajío michoacano, lo sabe: a sus 44 años y tras casi treinta fuera, es prácticamente un forastero y, según cuenta, “una presa fácil”. En su pueblo los llamados halcones vigilan para la 'maña' —en el caso citado, operando para el Cártel Jalisco Nueva Generación—. Allí se controla desde quién puede sembrar los campos hasta el precio de la canasta básica y el llamado "derecho de piso" para montar un comercio.

No es una anécdota aislada. El retorno masivo de personas sin lazos locales las expone especialmente en territorios dominados o disputados por los cárteles, advierte el investigador Óscar Ariel Mojica. Desde la terminal de autobuses ya saben que llegaste: la presencia es trazable y la vulnerabilidad, explotable.

Sergio Segovia* trae otra postal: tras su cuarta deportación decidió quedarse en Irapuato, epicentro de la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG. Ahí la violencia habla con cifras y fosas: en agosto las autoridades encontraron una fosa con 32 cadáveres; apenas dos meses antes una balacera en fiestas patronales dejó 12 muertos. Entre enero y julio del año pasado se registraron 1.500 homicidios en el estado.

Segovia quiso invertir sus ahorros en el comercio de fresas, un sueño empresarial golpeado por la realidad del control territorial: le advirtieron que de ciertos estados hacia el norte su mercancía no pasaba sin pagar o sin que se la quitaran. Productores de limón, aguacate o tequila narran constricciones semejantes: la economía local y regional funciona bajo la lupa y la soga del crimen organizado.

Los cárteles han aprendido a transformar la violencia en negocio más allá del tráfico de drogas. La diversificación —extorsión, secuestro, "huachicoleo"— financia hombres, armas, posiciones y sobornos, explica el experto en seguridad David Saucedo. Las guerras internas aumentan el costo operativo y empujan a estas organizaciones a explorar y controlar actividades económicas legítimas.

La consecuencia es brutal y elemental: quien regresa sin redes es rápidamente etiquetado como objetivo para extraer ingresos. Esa extracción puede tomar la forma de "derecho de piso", de apropiación de mercancías, de prohibición de circulación de productos, o de integrar a los retornados en circuitos de violencia. La deportación se convierte así, en muchos casos, en expulsión hacia espacios controlados por quienes deciden por todos.

No hay romanticismo en esta realidad. Hay una política migratoria y de seguridad que desnuda a ciudadanos y los devuelve a un tablero donde las piezas se mueven al dictado de la fuerza. Recuperar a quienes vuelven no es solo un asunto de plazas o de trámites: es un deber de Estado proteger la integridad y la libertad de los repatriados frente a estructuras criminales que reclaman tributo y sumisión.

Los testimonios recogidos por BBC Mundo trazan una advertencia clara: sin redes sociales, sin trabajo legal y sin mecanismos de protección efectivos, los retornados seguirán siendo blancos fáciles en un país donde el control territorial del crimen se ha metido en la vida cotidiana. Reconocerlo es el primer paso; actuar, la obligación ineludible.