Deportados a un continente desconocido: la humillación de los latinoamericanos enviados por EE.UU. al Congo

Llegaron a Kinshasa sin mapa y sin respuestas. Quince ciudadanos de Colombia, Perú y Ecuador —según relatan ellos mismos— han sido deportados desde Estados Unidos al Congo como resultado de un acuerdo entre ambos gobiernos. Es el primer grupo que arriba desde que se firmó ese pacto. ¿A qué precio se ejecuta la política migratoria cuando se convierte en traslado de personas a un país que no conocen?

Uno de los deportados, Jorge Cubillos, cuenta que pasó ocho años intentando rehacer su vida en EE.UU., con permiso de trabajo y un trámite de asilo en marcha. Su testimonio es una bofetada a la lógica: después de años integrándose, de repente fue expulsado «sin mayores explicaciones», enfermo, separado de su familia y «desorientado» en una ciudad lejana.

Otro relato, el de Marta (nombre protegido por temor a represalias), desvela el modus operandi que describe como sombrío y automático: tras una larga batalla legal y 14 meses en detención —y pese a haber salido anteriormente mediante una orden de supervisión— agentes del Servicio de Inmigración (ICE) tocaron a su puerta el 2 de abril, le colocaron un monitor y, minutos después, la esposaron. La trajeron a centros de detención de Texas y Oklahoma, la vacunaron contra la fiebre amarilla, la trasladaron a Luisiana y le informaron que al día siguiente tenía un vuelo al Congo.

En su propio relato denuncia incomunicación: «no aparecía en el sistema, porque nunca fui procesada», afirma. Relata además condiciones de encierro momentáneo —frío, falta de alimento o agua— y un traslado que ella y otros describen como abrupto y carente de información. En Kinshasa, los migrantes dicen no sentirse seguros y denuncian que su salud se está deteriorando: episodios de fiebre, vómitos y diarrea han sido reportados por quienes comparten habitación.

El gobierno congoleño ha defendido su decisión como un acto de «solidaridad» y ha argumentado que la estancia es temporal, que la acogida y la atención están siendo financiadas por Estados Unidos. Pero las voces sobre el terreno hablan de abandono, confusión y angustia. Organizaciones locales, como el Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos (IRDH), han criticado el acuerdo y lo consideran contrario a compromisos internacionales de protección de refugiados, señalando la ausencia de base legal para traer y mantener a personas procedentes de terceros países.

Los denunciantes exigen respuestas: ¿qué garantías legales se aplicaron? ¿Dónde queda el principio de no devolución cuando los traslados se hacen de forma externa y masiva? Mientras tanto, las familias en Estados Unidos siguen desconcertadas y separados de quienes dicen haber sido injustamente expulsados.

No es una hipótesis: son testimonios directos, fechas, lugares y procesos documentados por quienes atraviesan la experiencia. La política migratoria que externaliza responsabilidades y emplaza a seres humanos en territorios desconocidos exige, al menos, transparencia, responsabilidad y cumplimiento irrestricto del derecho internacional. Lo contrario es dejar a las personas en un limbo inaceptable y manchar la pretensión de dignidad que algunos gobiernos esgrimen cuando justifican estas maniobras.