Cuando la regularización convive con la expulsión: la encrucijada marroquí en España

No es casualidad ni rumor: los marroquíes en situación irregular en la Península han decidido hacerse invisibles. Según la información publicada por Assabah y recogida por La Razón, muchos han optado por “desaparecer” de los espacios públicos, especialmente en Madrid, para no exponerse a controles de identidad, detenciones o incluso expulsiones.

Esa táctica de supervivencia surge en un contexto concreto y documentado: las autoridades españolas han deportado a decenas de inmigrantes indocumentados y, al menos, 120 ciudadanos marroquíes identificados como irregulares están señalados en procedimientos de extradición hacia Marruecos. Además, varios marroquíes implicados en causas penales en España afrontan ya trámites de deportación que requieren coordinación con las autoridades marroquíes por la gravedad de los delitos en instrucción.

No es una contradicción menor: estas intervenciones se producen justo antes de que, según el decreto de 2026, entre en vigor un ambicioso programa de regularización. La operación excepcional, dirigida a quienes residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, se desarrollará entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026 y afectará a no menos de 500.000 personas indocumentadas, entre ellas una parte significativa de la comunidad marroquí.

Frente a ese escenario, los afectados no esperan milagros: recurren a despachos de abogados especializados para presentar solicitudes ajustadas a la ley y optar a un permiso de residencia o trabajo de un año. Es la vía legal, piedra a piedra, frente al temor de las redadas y las órdenes de expulsión.

La operación no pasa desapercibida en el tablero europeo ni en la política nacional: el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, mostró su desaprobación por el riesgo de incentivar cruces ilegales hacia la UE y por su aparente incompatibilidad con la política migratoria común. En España, el Partido Popular criticó la medida y la elevó a las instituciones comunitarias.

La fotografía es nítida y dura: una administración que abre una puerta administrativa masiva mientras algunos ciudadanos se ven empujados fuera de la vista por el temor a ser detenidos o repatriados. No hay datos en la fuente sobre cómo acabará este pulso entre regularización y control, pero sí hay hechos incontestables: deportaciones ya ejecutadas, procedimientos de extradición en marcha y una operación de regularización con fechas y cifras oficiales. Eso basta para entender por qué muchos optan por desaparecer hasta que la ley se pronuncie.