Cuando la obra pública se mancha: Acciona y el enigma de Servinabar

La empresa que se ha erigido en pieza clave de infraestructura nacional ha depositado ante Anticorrupción un dossier interno de 151 páginas. No son meras notas: es una narración administrativa que admite pagos, describe faltas de trazabilidad y apunta modos de proceder que, según la propia compañía, «resultaron indetectables». Eso es lo que hay sobre la mesa. Eso es lo que exige respuestas.

Entre 2015 y 2025, Acciona pagó a Servinabar un total de 6,8 millones de euros, según su informe. Servinabar, una sociedad pequeña vinculada al empresario Antxon Alonso, cobró por servicios que la constructora ahora reconoce no haber podido acreditar de manera suficiente. Esa es la génesis factual del conflicto: dinero público y privado que transitó hacia una entidad cuyas prestaciones no quedan claramente justificadas en la documentación aportada.

El propio informe pone el acento en la supuesta «mendacidad y ocultación» como motor de la invisibilidad de las irregularidades. Es decir: no fue la ineficacia de los controles lo único en juego, sino maniobras que habrían evitado que los sistemas de cumplimiento detectaran el irregular proceder. Palabras de la compañía que, por su gravedad, deben ser tratadas como pista, no como excusa.

Los ejemplos concretos no son menores. En el soterramiento de vías en Sant Feliú (Barcelona), los informes periódicos facturados por Servinabar resultaron ser en realidad una consolidación de datos elaborada por Acciona. En La Rioja, una factura de 95.000 euros (más IVA) por un Plan de Seguridad y Salud fue abonada a Servinabar, pero el plan aparece firmado por dos empleados de Acciona Construcción, no por personal de la pequeña sociedad.

El patrón se repite: pagos mensuales por asesoramientos o seguimientos —4.000 euros al mes por prevención, 3.000 por seguimiento del plan de seguridad, según el informe— sin soporte documental suficiente de la prestación; proyectos de desarrollo de negocio pagados que no fructificaron; e indicios de fraccionamiento de pagos, como en el proyecto de Mina Muga, para eludir controles internos. Hechos que la Fiscalía y la Audiencia Nacional consideran relevantes y que han llevado a imputaciones a ex directivos y a la previsión de que la persona jurídica pueda acabar imputada.

Acciona aporta este informe a la investigación, que la Fiscalía ha remitido al juez Ismael Moreno. Es una pieza procesal y, si se quiere, una defensa preventiva: la empresa argumenta que actuó dentro de su programa de cumplimiento y que detectó situaciones que ahora pone en conocimiento de Anticorrupción. Lo que no puede hacer es transformar la constatación documental en absolución automática. La Justicia debe evaluar los hechos, no las líricas corporativas.

La extensión de la investigación patrimonial a cuentas de cuatro sociedades que participaron con Acciona en las obras bajo sospecha, acordada por el juez a petición de la Guardia Civil y con el respaldo de la Fiscalía, confirma que el caso supera el ámbito de un posible descontrol administrativo. Estamos ante una investigación que atañe a relaciones empresariales, flujos financieros y potenciales responsabilidades penales.

No es un ejercicio de exaltación pública sino una exigencia cívica: el control y la transparencia en la gestión de la obra pública son atributos de interés nacional. Cuando empresas de primer orden aparecen vinculadas a pagos cuya justificación documental es dudosa, el deber del Estado y de la sociedad es clarificar hasta el último euro y hasta la última firma. De ello depende la integridad del sistema de contratación y la confianza en las instituciones que velan por el interés común.