Cuando la Justicia estadounidense cuestiona quién paga la defensa de Maduro

La imagen fue de alta carga simbólica: Nicolás Maduro y Cilia Flores, vestidos con uniformes verdes, silenciosos ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. No es una escena cualquiera; es la traslación de un conflicto político y jurídico que ahora se debate en una sala estadounidense.

En la audiencia del 26 de marzo, la defensa presentó la petición de permitir que el gobierno de Venezuela pague la defensa de la pareja. Se trata de una solicitud con una doble arista: por un lado, la pretensión formal de asegurar recursos para una defensa que, según sus abogados, sería “abrumadora” para un defensor público en un proceso tan complejo y extranjero; por otro, la realidad jurídica de las sanciones que han limitado ese camino.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro había concedido inicialmente una licencia que permitía el pago desde Caracas, y la revocó poco después. Ese vaivén administrativo es ahora el centro del debate: los fiscales sostienen que, por motivos de seguridad nacional y porque Maduro y Flores “saquearon” la riqueza venezolana, no deben poder acceder a fondos estatales; la defensa alega que el derecho a una defensa eficaz es primordial.

El juez Alvin Hellerstein —de 92 años— no se colocó en un extremo tajante. Subrayó que “el derecho a la defensa es primordial” y mostró receptividad a la preocupación por la capacidad de un defensor público para afrontar un caso de tal envergadura. Pero también dejó claro que no descartaría el proceso por la disputa sobre el origen de los fondos. El magistrado admitió, además, que la situación exterior ha cambiado tras la captura y el traslado a Nueva York de la pareja, y comentó que “estamos haciendo negocios con Venezuela”, en alusión a la reanudación de relaciones diplomáticas mencionada en la audiencia.

La audiencia expuso preguntas prácticas y jurídicas difíciles: ¿puede un Estado sancionado financiar la defensa de sus dirigentes en un tribunal extranjero? ¿qué eficacia tendría un abogado designado por el tribunal en un proceso complejo por narcoterrorismo, armas y drogas? Hellerstein preguntó en varias ocasiones a las partes cómo resolver la cuestión y aplazó su fallo para una fecha posterior, sin fijar aún la próxima audiencia.

Mientras tanto, los cargos no han cambiado: Estados Unidos acusa a Maduro de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos dispositivos. La pareja permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y aún no ha solicitado libertad bajo fianza; fecha de juicio, ninguna.

No hay, por ahora, una conclusión definitiva. Lo que queda es un tribunal que mide principios —el derecho a una defensa adecuada— contra la caja registradora de un Estado sancionado y las consideraciones de seguridad nacional que exponen los fiscales. En esa tensión, la Justicia estadounidense deberá decidir si el dinero del erario venezolano puede cruzar las fronteras para costear abogados en Nueva York. Y mientras esa decisión llega, la imagen de Maduro y Flores en uniforme y con audífonos escuchando la traducción es el recordatorio de que la política exterior y el estrado judicial están, hoy más que nunca, entrelazados.