Calzado y sentido común: buscar el equilibrio que sostenga empleo y salarios

La negociación del nuevo convenio del calzado ha entrado en la sala de máquinas pública. CCOO y UGT han advertido sobre la posibilidad de convocar una huelga, acusando a la patronal de “inmovilismo”. La respuesta empresarial no es un órdago: Avecal reivindica su propuesta como una apuesta por el equilibrio, la viabilidad y la estabilidad laboral del sector.

No inventemos debates: la propuesta empresarial para 2026-2029 incorpora mejoras retributivas, una reducción progresiva de la jornada y garantías pensadas para preservar el poder adquisitivo de las plantillas. Ese paquete, que no es solo salarial —y que contempla hasta un 14% de posible incremento— debe leerse como un acuerdo global y no fragmentario. Quienes negocian han de entender que no se trata de elegir entre trabajadores o empresas, sino de asegurarnos de que ambos sobrevivan y progresen.

Avecal subraya un dato que no se puede obviar: las empresas del calzado afrontan hoy un contexto de costes crecientes, incertidumbre económica internacional, presión competitiva y márgenes ajustados. Eso no es una excusa; es una realidad que condiciona la sostenibilidad de cualquier mejora que se quiera consolidar en el tiempo. Ofrecer incrementos sin cauces que garanticen la continuidad de la actividad sería un acto de irresponsabilidad hacia quienes dependen de esas empresas para su trabajo y su futuro.

Las organizaciones sindicales han anunciado que someterán la propuesta a sus asambleas; la patronal respeta ese procedimiento y, con igual claridad, reclama que la propuesta sea analizada en su conjunto. Es una petición de prudencia y de visión de conjunto: un convenio colectivo debe ser un marco estable para los próximos años, no una suma de titulares contradictorios.

No es retórica: la industria del calzado es estratégica para numerosas comarcas españolas, generadora de empleo, actividad económica y valor añadido. Por eso resulta imprescindible alcanzar un convenio que mejore las condiciones laborales sin comprometer la competitividad de las empresas que sostienen esa actividad. Ese equilibrio es posible, pero exige diálogo sereno, responsabilidad y disposición real a pactar.

Convenir no es claudicar. Negociar no es exhibir maximalismos. Si ambas partes mantienen la voluntad expresada de avanzar hacia un acuerdo que responda a las necesidades de trabajadores y empresas, hay margen para una solución constructiva. Ahora corresponde a los actores implicados apostar por la sensatez: abrir la negociación, ponderar la propuesta en su conjunto y priorizar el empleo y la estabilidad del sector.