Arsenal junto al hachís: la frontera interior que nos amenaza

El 28 de abril, una madrugada cualquiera por el río Guadalete desveló una realidad que algunos prefieren mirar de reojo: el narco del Estrecho no llega ya con bolsas; llega con armas de guerra.

La Policía Nacional, en la denominada Operación Pollo, siguió una embarcación que desembocó en 40 fardos —1.600 kilos de hachís— y asistió al despliegue de una logística que debería preocupar a cualquier sociedad que preserve el orden. La mercancía fue cargada en dos todoterreno sustraídos y escoltada por un coche de alta gama hasta una barriada de Jerez donde la organización había ocultado la llamada "guardería" en unos trasteros.

No era una simple operación de tráfico: era un aparato criminal armado. En el registro posterior los agentes hallaron cinco fusiles de asalto —cuatro AK-47 y un CETME—, 14 cargadores, un rotativo de ametralladora, depósitos de munición de distintos calibres, rotativos policiales y un chaleco antibalas. Y, como cifra que hiela la sensibilidad, cuatro granadas de mano diseñadas para causar el máximo número de víctimas en espacios cerrados: artefactos con alcance estimado hasta 54 metros, accionables en solo tres segundos incluso en condiciones adversas y con núcleos de 3.000 bolas de acero.

La organización no solo disponía de medios de fuego: contaba con una "extensa red de contravigilancia". Miembros distribuidos en puntos de acceso alertaron de la presencia policial y forzaron la precipitación del operativo; los traficantes lograron escapar mientras la Policía bloqueaba los vehículos justo cuando iniciaban la descarga.

Que en registros contra el narco aparezcan armas ya no sorprende a los investigadores; lo que alarma es la calidad de esas armas: fusiles, subfusiles, metralletas y granadas. Los expertos atribuyen esa capacidad de acceso a un mercado negro pujante entre mafias, alimentado por conflictos armados en Europa y en zonas cercanas, como el enquistado conflicto en Ucrania.

No se trata de una anécdota aislada: es la evidencia de una escalada que altera el orden público y pone en jaque la seguridad ciudadana. Cuando el contrabandista ya dispone de armamento de guerra y de estructuras para proteger la mercancía —hasta simulando ser agentes en golpes entre bandas—, la lucha contra la droga deja de ser solo una cuestión sanitaria o fiscal y pasa a ser un problema de seguridad nacional.

Exigir mayor contundencia en la represión policial y mejores mecanismos de prevención es un deber. Pero también lo es reflexionar sobre la frontera interior que se ha abierto: un mercado criminal que trafica no solo con estupefacientes, sino con instrumentos de violencia capaces de causar masacre en espacios urbanos. La incautación en Jerez es un aviso: la derrota de estas mafias exige respuestas coordinadas, inteligencia firme y políticas que no se conformen con limpiar un trastero cuando el armero permanece activo en el mercado negro europeo.