Andalucía en venta: la vivienda rendida al turismo y al capital

La radiografía que ofrece el mercado de la vivienda en Andalucía es nítida y dura. Idealista certifica máximos históricos del precio del metro cuadrado en Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada; Huelva vuelve a rondar registros propios de la burbuja de 2008. Frente a esa escalada de precios, la oferta es raquítica, la demanda intensa y la intervención pública escasa. No es una casualidad: son efectos concatenados que tienen nombre y apellidos.

Entre esos factores aparece con contundencia el turismo. El Informe de Oferta Turística de la Junta revela 152.000 viviendas de uso turístico y casi 800.000 plazas en la comunidad, además de casi 2.700 conjuntos de apartamentos turísticos con 135.000 plazas. Esa cifra no es neutra: transforma apartamentos en negocio, hogares en activos y barrios en escaparates. Donde la regulación se ha impuesto —moratorias para nuevas licencias en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga— ha nacido el efecto rebote: proliferan edificios enteros de apartamentos turísticos. Y en Granada, la reciente anulación judicial de un decreto municipal para limitarlos añade más incertidumbre.

El resultado es predecible y cruel. Tres de cada diez viviendas se compran al contado, según el INE; el mercado se mueve como inversión antes que como respuesta a una necesidad residencial. Los nuevos desarrollos se orientan hacia quien paga más, no hacia quien vive. En zonas turísticas de Almería, explica un agente con amplia experiencia, la mayoría de las operaciones no buscan financiación: se compra para explotar el inmueble en turismo, no para albergar residentes. Esa dinámica expulsa trabajadores y vecinos y vacía los barrios de vida cotidiana.

Y todo ello ocurre en un marco económico que agrava la injusticia. La renta media andaluza es una de las más bajas del país, situada un 15% por debajo de la media nacional y alejándose un 40% de las rentas de Madrid o País Vasco. Mientras tanto, la hipoteca media se come el 38% del salario individual y un alquiler el 40%, según el informe de Comisiones Obreras. Para una gran parte de la población, en especial jóvenes y trabajadores del sector servicios —muchos vinculados al propio turismo y a su estacionalidad— acceder a una vivienda es ya una quimera. La Junta constató que el 82% de andaluces considera difícil encontrar vivienda a precio razonable; la cifra sube al 89% en Sevilla y al 90,6% en Málaga.

No es solo economía: hay salud pública afectada. Una encuesta de la Junta señala que el 40% de los jóvenes siente que comprar o alquilar una casa le genera un problema que afecta a su salud. Eso es el síntoma de una sociedad que ve recortadas sus oportunidades de arraigo y futuro.

La especialización turística de Andalucía genera empleo —rondando una media de 482.000 personas ocupadas en 2025— y miles de millones en actividad, como reconocen los expertos. Pero ese beneficio no se distribuye homogéneamente: suben los precios de la vivienda en términos generalizados mientras que los sueldos del sector servicios permanecen estancados. El incremento de renta observado en algunos segmentos —por ejemplo en provincias con industrias tecnológicas o nómadas digitales— convive con sueldos precarios en la hostelería y el comercio. El resultado: la vivienda se encarece para todos y los que sostienen el turismo no pueden permitirse vivir donde trabajan.

Frente a esta realidad hay decisiones de política pública pendientes: más suelo público, promoción asequible y regulación efectiva del parque de viviendas turísticas. La tímida regulación emprendida en algunas ciudades ha mostrado resultados parciales y efectos no deseados; su alcance y su claridad deben ampliarse. Andalucía se juega no solo una cuestión económica, sino la posibilidad de que sus ciudades y pueblos sigan siendo lugares habitables para sus gentes y no meros activos para capitales ajenos.

Negar la evidencia sería irresponsable. El mapa es claro: oferta menguante, demanda creciente, turismo masivo y mercados dominados por la lógica del rendimiento financiero. Si no se actúa con decisión, el derecho a la vivienda quedará reducido a privilegio para quienes puedan permitirse comprar al contado o vivir de la turistificación. Y eso no es un destino inevitable: es el fruto de políticas, regulaciones y prioridades que hoy pueden reorientarse para recuperar el hogar como prioridad social.