Altea mantiene atrapados a los cumplidores: el escándalo de Marymontaña II

La amarga paradoja se resume en un dato incontrovertible: un sector urbanístico con más del 80 % de ejecución —según consta en el propio expediente municipal— permanece bloqueado desde 2008 mientras la administración local mira hacia otro lado.

No se trata de rumores ni de quejas aisladas. La promotora Residencial Finca Pons, S.L. ha presentado una sucesión de hechos que dibujan, con claridad de expedientes, informes y acuerdos plenarios, un funcionamiento anormal de la administración. El pleno del 22 de junio de 2017 adjudicó el Programa de Actuación Integrada, incautó una fianza y acordó una nueva programación. Nueve años después, esa programación no se ha impulsado ni culminado.

Y si alguien creyera en la casualidad, la propia documentación desmonta esa defensa. Informes firmados por responsables políticos y técnicos —desde concejalas de Urbanismo hasta la arquitecta municipal, pasando por la Jefa de Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente y una Técnica de Administración General— reconocen, entre 2019 y 2026, la persistente falta de avances y la ausencia de programación del sector.

En otras palabras: la inactividad es conocida, advertida y certificada por los órganos que debían actuar. No es un retraso burocrático ocasional; es una conducta sostenida en el tiempo que deja a propietarios y promotores en un limbo jurídico incompatible con los principios básicos de una buena administración: eficacia, tutela y seguridad jurídica.

La promotora enfatiza un punto que no admite ambigüedad: los particulares cumplieron con sus obligaciones. El Proyecto de Reparcelación fue aprobado e inscrito en 2006; los propietarios realizaron las cesiones de suelo dotacional y la equidistribución de cargas; la parcela de Residencial Finca Pons satisfizo el 100 % de las cuotas de urbanización y cuenta con infraestructuras básicas, pendientes únicamente de remates o conexiones.

Si las obras están ejecutadas en más de un 80 % y los privados han cumplido, ¿qué justifica el bloqueo? El Ayuntamiento no formalizó el acta de recepción de la urbanización —trámite esencial para cerrar la programación anterior— a pesar del informe técnico de 5 de diciembre de 2016 y del acuerdo plenario de 2017 que la preveía. Esa ausencia administrativa tiene consecuencias concretas: terrenos inmovilizados, inversiones paralizadas y derechos de propietarios vulnerados.

Frente a esta realidad documentada, Residencial Finca Pons exige claridad y responsabilidad: que se identifiquen las autoridades y el personal responsables de la inactividad; que se aclare el destino de recursos y garantías vinculadas al antiguo programa —incluida la fianza incautada y los ingresos por el 10 % de aprovechamiento tipo—; y que se adopte de inmediato una solución jurídicamente viable para desbloquear las parcelas.

La promotora ha decidido recorrer la vía judicial. No es una opción retórica: es la reacción lógica de quienes han cumplido y ven cómo la inercia administrativa convierte en papel mojado los derechos y expectativas lícitas. Marymontaña II no puede seguir atrapado en ese limbo que la propia documentación municipal describe. Exigir explicaciones y responsabilidades no es un capricho: es reclamar lo elemental para restablecer la seguridad jurídica y la normalidad urbanística.