Alicante abre la puerta al suelo industrial: 650.000 metros para dinamizar la economía local

La decisión de la Conselleria de Medio Ambiente es un filtro superado: la Comisión de Evaluación Ambiental dio en abril su visto bueno a la modificación puntual número 43 del PGOU de Alicante, lo que desbloquea la ampliación del área empresarial de Las Atalayas tras más de año y medio de estancamiento administrativo.

No es un brindis al sol. La propuesta, registrada por el Ayuntamiento en 2022 sobre el PGOU vigente desde 1987, incorpora las exigencias técnicas que marcaron la tramitación: informes adicionales para garantizar la seguridad frente al riesgo de inundabilidad, señalados tanto por la Confederación Hidrográfica del Júcar como por la propia Conselleria de Planificación Territorial y recogidos en el PATRICOVA. Parte de la ampliación afecta al entorno del Barranco de las Ovejas y llegó a contemplarse la planificación de un muro de contención para prevenir avenidas en episodios de lluvias persistentes.

El acuerdo de abril habría resuelto esas reservas, si bien la resolución aún exige ajustes finales antes de avanzar a la aprobación provisional y, finalmente, a la definitiva. Es decir: avance importante, pero condicionado a correcciones técnicas. Procedimiento técnico, no voluntarismo político.

En términos netos y brutos, la modificación permitirá añadir 650.000 metros cuadrados brutos al recinto de Las Atalayas —prácticamente la mitad de su superficie actual— que se traducirán en algo más de 300.000 metros cuadrados netos una vez descontados viales. Sobre ese papel se proyectan mejoras de conexión: un nuevo acceso al polígono que facilite el enlace con la A-31 y la A-7 y la ejecución de una rotonda para ordenar mejor el flujo de tráfico. Medidas de infraestructura imprescindibles para que el suelo realmente sirva a la actividad económica.

La materialización de estas cifras dependerá ahora de la firma de un convenio entre la Sociedad Estatal de Suelo (Sepes), principal propietaria de los terrenos, y el Ayuntamiento para definir financiación y plazos de urbanización. Ese acuerdo puede quedar abierto a la participación privada, con empresas interesadas en crecer o asentarse por primera vez.

Este avance encaja además en la visión más amplia del borrador del nuevo Plan General Estructural (PGE), que contempla hasta 4.340.000 metros cuadrados de suelo industrial y logístico distribuidos en varios sectores —Bacarot, Vallonga-Fontcalent, Campaneta, Serreta y Las Atalayas— y medidas de regeneración de espacios industriales ya existentes, así como estrategias de transición hacia actividades más tercializadas y compatibles con entornos residenciales.

La vía está trazada: garantía técnica sobre riesgos hidrológicos, suelo ampliado, conexiones viales previstas y la negociación con Sepes para convertir la previsión en obras. Lo que queda por ver es el ritmo y la ambición con que las administraciones y el sector privado ejecuten el desarrollo. Porque no basta con planos y cifras: hace falta materializar suelos, atraer inversión y garantizar que la nueva oferta industrial genere empleo estable y encaje con el tejido urbano y ambiental de Alicante.

En un momento en que la planificación es esencial para la competitividad territorial, este desbloqueo es una oportunidad tangible. Pero las oportunidades se pierden si no se traducen en proyectos viables, con financiación clara y salvaguardias técnicas cumplidas. La pelota está ahora en el tejado de Sepes, del Ayuntamiento y de la iniciativa privada: activar ese suelo es, sin duda, una exigencia para la revitalización económica de la ciudad.